La Comisión de Trabajo del Instituto Patria repudia el Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 699/2019 que dictó el lunes 30/09 el Poder Ejecutivo con el objetivo de reducir las indemnizaciones por accidentes laborales.

El hecho se produce a menos de una semana del fallecimiento de un obrero de la construcción en Ezeiza, y en lugar de firmar decretos, el Estado nacional garantizar que se multe a las empresas transgresoras y aún a la Superintendencia de Riegos del Trabajo, organismo con jurisdicción inspectiva en los territorios federales, y que no dio ninguna explicación luego del accidente.

La única necesidad y urgencia para el dictado de este Decreto –cuyo único fin es abaratar el accidente laboral disminuyendo las reparaciones– es maximizar las ganancias de empresas privadas a costa de la capacidad laborativa e incluso de la vida de los trabajadores. De esta forma, se pulveriza la prevención de los accidentes laborales porque será más rentable pagar una exigua reparación, que invertir en sistemas para evitar el acaecimiento de accidentes laborales.

El decreto resulta condenable desde la mirada de los más elementales principios del derecho del trabajo y garantías de raigambre constitucionales. Con un aditamento, que lo torna aún más dañino, ya que la norma tiene carácter retroactivo, y entonces se aplicará a cualquier accidente que aún no tenga una situación jurídica consolidada.

Lo que necesitamos con urgencia es la presencia del Estado garantizando la seguridad social de todos los y las trabajadoras.

¿Cuanto vale la vida de un trabajador para el Señor Presidente?