SIN ESTADO NO HAY DEMOCRACIA

Sobrepasando las estimaciones gremiales, y sobreactuando crueldad, el presidente Javier Milei anunció en estos días nuevos despidos en el Estado, afirmando que ya se llevaron a cabo 50.000 y que se realizarán otros 70.000 despidos. Estos anuncios alimentan el goce sádico de sus seguidores en redes. Fuera de ese escenario dominado por quienes reciben una paga para decir que el rey está vestido, los despidos tienen nombre y apellido, rostros, historias y familias. 

En diversos organismos, los avisos llegaron entre las 20 y las 24 horas del miércoles 27 de marzo. Por otra parte, las casi 55 mil renovaciones de contratos se hicieron hasta el 30 de junio próximo, quedando incluidas en un proceso de revisión del que no se conocen instrumentos ni parámetros. 

Los despidos apuntaron especialmente a las delegaciones provinciales. Si dejáramos de lado por un momento los derechos adquiridos que nuestra legislación protege y nos focalizáramos en la eficiencia estatal pregonada por los gerentes a cargo del gobierno nacional, el centralismo tornará imposibles la mayoría de los trámites. El Poder Ejecutivo no parece preocupado por resolver este problema, por lo que resulta evidente que se persiguen otros objetivos. Las instrucciones desde Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Economía de la Nación fueron claras: se debe despedir un 20% de la dotación general o un 30% de la planta transitoria contratada, lo que evidencia que no se trata de una revisión de funciones sino de un ajuste sin precedentes. Según Milei, el Estado solo debe cumplir un rol de vigilancia y disciplinamiento al servicio del capital transnacional.

En noviembre de 2016, Estado Nacional y los sindicatos que integran la paritaria del CCT 214/06 acordaron la regularización mediante concursos internos de las personas contratadas con más de 10 años de antigüedad. En 2020, se puso en marcha el Plan de Regularizacíón del Empleo Público extendiendo el acuerdo paritario. Ese plan avanzó con lentitud, por lo que miles de trabajadores/as que participaron de los concursos no han sido designados o se los ha despedido violando los acuerdos alcanzados. El incumplimiento de los gobiernos previos, incluido el nuestro, debilitaron las defensas frente a la masacre laboral a la que estamos asistiendo.

La prédica persistente desde 1976 ha sido de descalificación del Estado y el empleo público. Esta prédica, sumada a defecciones propias, nos obliga a un compromiso militante que reconozca la necesidad de profesionalizar los ingresos y promociones, preservar los derechos laborales y monitorear resultados. Estas banderas no pueden cederse a una derecha que solo busca la disolución de la única institución que equilibra la balanza en favor de los más débiles. 

El ataque a trabajadoras y trabajadores estatales no es casual. La demonización del empleo público busca la fragmentación de la clase trabajadora, al mismo tiempo que refuerza la idea de incapacidad del Estado para promover el bien común. Esta idea ha sido asociada, sin que medie lógica alguna, con la negación y abominación explícita de la justicia social y la identidad nacional. 

La incorporación de los trabajadores a planta permanente, los concursos para el ingreso, promoción y asunción de funciones ejecutivas, es una deuda pendiente de los gobiernos populares. Pero esto no es excusa para arremeter contra quienes brindan un servicio público. Los derechos adquiridos a través de los años están protegidos por nuestras leyes de fondo y cuentan con fueros que los reconocen y garantizan. Por otra parte, en el imaginario de un pueblo sufriente aún prevalecen los principios sociales del peronismo y nuestras tres banderas. Esta memoria anida en el corazón de un pueblo capaz de abrazar la lucha por la dignidad. Por el Estado, por sus trabajadores y trabajadoras, avanzaremos por las vías judiciales y políticas que permitan restaurar un Estado al servicio de la democracia, reconociendo a sus trabajadores y trabajadoras como los verdaderos artífices de las políticas en favor de nuestro pueblo y el desarrollo nacional.

Según estimaciones de los propios trabajadores, hasta el momento se ha podido constatar el siguiente mapa de despidos, aunque las cifras son estimativas y crecen con el paso de las horas: Secretaría de Agricultura Familiar: 900. Ministerio de Capital Humano: 800. Centros de Referencia de Desarrollo Social (CDR): 600. Secretaría de Trabajo: 517. Agencia Nacional de Discapacidad: 332. Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF): 300. Secretaría de Comercio: 225. Nación ART: 200. Secretaría de Cultura: 170. INCAA: 170. Acumar: 120. CENARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo): 120. Subsecretaría de la Mujer: 150. Indec: 100. Secretaría de Derechos Humanos: 100. Administración General de Puertos: 100. Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV): 89. Conicet: 87. Servicio Meteorológico Nacional: 80. Administración de Parques Nacionales: 79. Vialidad Nacional: 130. Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP): 40. Ministerio de Economía: 26. Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC): 25. Secretaría de Energía: 21. Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT): 2.

No nos resignamos. Otra Patria es posible. 

Comisión Estado y Administración Pública. Marzo de 2024.