El martes 16 de octubre Diputados y Diputadas Nacionales del Bloque Unidad Ciudadana recibieron el documento elaborado en conjunto por la Comisión de Inclusión y Desarrollo Social del Instituto Patria, ATE Capital y organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el documento manifestamos la preocupación por el recorte previsto en materia de Niñez para el presupuesto 2019.
El mismo fue entregado al presidente del Bloque FPV, Agustín Rossi, la Secretaria Cristina Álvarez Rodríguez, y las diputadas Laura Alonso, Fernanda Raverta, Silvina Fraga, Verónica Mercado y el diputado Roberto Salvarezza, durante la reunión, que se realizó en la Presidencia del Bloque PJ- UC, expresamos la preocupación por la actual reasignación de partidas que realizo el gobierno de Cambiemos a través de la decisión administrativa 1605/18 desde la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia hacia el Ministerio de Seguridad. También manifestamos el rechazo al presupuesto 2019 ya que implica un grave ajuste contra los fondos destinados a la SENAF y contra todas las políticas públicas destinadas a garantizar y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes en todo el país.
Estuvieron presentes directores y directoras de niñez, servicios locales y concejos locales de niñez del conurbano, los y las integrantes de la Comisión de Inclusión y Desarrollo Social del Instituto Patria, ex secretarios de SENAF, delegadas de ATE Niñez, representantes de la Secretaria de Genero y Niñez de la Defensoría del Pueblo de la Pcia. De Buenos Aires, el Padre Paco de la Fundación Isla Maciel, integrantes del Centro CU.NI.TA de la Fundación Soberanía Sanitaria, referentes de organizaciones sociales, representantes del área de niñez del CFP N° 406 de Lomas de Zamora, del Concejo Local de Niñez de La Plata, del Centro Garelli de Bernal, Fundación Sol y colegios de Trabajadores Sociales de Lomas de Zamora, Morón y San Isidro.
Socializamos el documento presentado
NO AL PRESUPUESTO DE AJUSTE
NO AL RECORTE EN LAS POLÍTICAS SOCIALES PARA NUESTRXS PIBXS
Nos enfrentamos a los efectos devastadores de la política económica ejecutada por este gobierno neoliberal, cuyo objetivo principal es el sostenimiento de los márgenes de rentabilidad de quienes juegan en el sistema especulativo financiero, dolarizando los bienes y servicios de los sectores más concentrados de la economía y provocando una transferencia inusitada en la historia argentina de recursos de los sectores que menos tienen a los sectores más concentrados de la economía. En pocas palabras, es un gobierno que solo favorece a los ricos, las empresas y los fondos de inversión, permitiéndoles la fuga de divisas del país mientras la mayor parte de las y los argentinos pagamos el altísimo costo de un modelo que genera destrucción de las fuentes laborales, despidos, salarios a la baja, pérdida del poder adquisitivo de las familias, caída del consumo interno y por ende más generación de pobreza y desigualdad.
Las niñas, niños y adolescentes no viven una situación de excepción sino, muy por el contrario, son los más perjudicados por el modelo de ajuste que viene implementando el Presidente Macri.
La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia es el organismo encargado de garantizar el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional. El recorte presupuestario en áreas clave como el desarrollo en la primera infancia, las políticas federales para la promoción y protección de derechos o la infraestructura escolar, y su desviación para incrementar los presupuestos de Seguridad y de la Policía Federal, demuestran alevosamente el fortalecimiento de la política represiva por sobre la lógica de los derechos y la inclusión social. Esta decisión incumple las normativas nacionales e internacionales que indican que los presupuestos en niñez y adolescencia son intangibles. Desde diciembre de 2015 a la fecha, la SENNAF atraviesa una reducción programática y ha dejado de trabajar en el fortalecimiento del sistema federal de protección de niñez en términos integrales y universales, y ha limitado su intervención con políticas focalizadas e insuficientes.
Si se analizan las ejecuciones presupuestarias de los dos últimos años, se puede observar que: durante el año 2017 se produjo una subejecución del presupuesto superior al 47,7%. Para el año 2018 el crédito inicial del Organismo fue de $3.773.645.537, de los cuales se ejecutaron a la fecha $1.633.859.010. Esto representa una subejecución superior al 56 % en lo que va del año.
Pero más alarmante aún es el recorte que se viene implementando en las políticas públicas destinadas a la primera infancia que, según la Ley 26.233 de Promoción y Regulación de Centros de Desarrollo Infantil abarca la franja de niñas y niños desde los 45 días hasta los 4 años de edad. Cabe destacar que, además de la enorme subejecución, superior al 70% en los años anteriores, se observa una reducción presupuestaria superior a un 19% entre 2017 y 2018 y una nueva reducción propuesta para el 2019 de más de un 66%, sin tener en cuenta las proyecciones inflacionarias de más del 34,8% previstas para el año entrante.
Está claro que el gobierno no cumplirá con sus promesas de campaña de construir 4.000 espacios para primera infancia a lo largo y ancho del territorio argentino, y que esta política económica y social tienen cada vez un mayor impacto en la vida cotidiana de los casi 13.000.000 de niñas, niños y adolescentes que ven afectados cotidianamente sus derechos más elementales.
Es en este marco que adquiere particular relevancia poner de manifiesto la reducción significativa en las partidas para la atención y servicios vinculados a la infancia en el presupuesto presentado por el Ejecutivo para el 2019, en el marco de una situación social altamente excluyente y de precarización de las condiciones de vida de las familias en general y los niños, niñas y adolescentes en particular.
La pobreza infantil se ha incrementado en los últimos años, superando el 48%. Esta cifra aumenta si se considera las edades de los primeros cinco años (Unicef, 2016) y un 33, 8 % de niñas y niños debe asistir a un comedor escolar o barrial para alimentarse, según las estimaciones realizadas por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, proyección realizada antes de la última corrida cambiaria cuya devaluación fue del 40% de la moneda nacional.
Pero como si esto fuera poco, con la reforma previsional que se aprobó en diciembre de 2017 en el Congreso de la Nación, la nueva fórmula de actualización de las asignaciones familiares y universal por hijo (AUH) de los últimos dos semestres totalizan un aumento del 31%, con una inflación del 42% en el 2016. El resultado: 8 millones de niñas y niños destinatarios de asignaciones perdieron un 11% de lo que antes percibían.
Recorte en Educación:
• El 79% de los niños y niñas menores de 3 años no acceden a servicios de cuidados y educación.
• Falta de vacantes en los Jardines para salas de 3 y 4 años
• Falta de presupuesto para armar el sistema necesario que permita cumplir con la Ley 27.064 de Obligatoriedad de la Educación a partir de los 4 años.
• Los 3.000 jardines prometidos por el Presidente de la Nación para su gobierno todavía no se han construido, con niveles de subjecución escandalosos en partidas destinadas a la construcción de los Centros de Desarrollo Infantil.
• El 49 % de alumnas y añumnos de las escuelas públicas no accede a dejó de acceder a las netbooks gratuitas y a contenidos digitales del programa Conectar Igualdad.
• Desmantelamientos de los Canales educativos PAKA PAKA y ENCUENTRO
Recorte en Salud:
• El 80,9 % de los chicos y chicas de los sectores más vulnerables sólo puede atenderse en hospitales públicos y salitas barriales, mientras los gremios de médicas/os y enfermeras/os denuncian una falta de financiamiento por la mayor demanda del sistema público.
• Recorte en el calendario obligatorio de vacunación, falta de entrega a las provincias de la dosis necesaria para el cumplimiento del calendario, reducción del refuerzo de la vacuna de la meningitis para niños de 11 años.
• Reducción en la cobertura del Plan Materno – Infantil.
• Reducción en la cobertura a niños y niñas infectados con VIH.
• Reducción en la provisión de medicamentos oncológicos.
• Reducción del Plan REMEDIAR.
• Reducción en el presupuesto del Hospital Garrahan, Posadas, Hospital El Cruce y otros centros asistenciales.
• Eliminación del Plan Qunita.
• Eliminación del Ministerio de Salud y reducción al rango de Secretaría.
De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño y a la Ley Nacional de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 26.061, el Estado argentino tiene la obligación de garantizar el principio de “interés superior del niño” y para eso debe disponer “hasta el máximo de los recursos de que disponga”. Este deber no es una cuestión discrecional u opcional, sino que implica la obligación de implementar medidas ejecutivas, legislativas y judiciales que son examinadas por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
En la República Argentina actual, las políticas destinadas a la infancia han dejado de perseguir su interés superior y el reconocimiento de los derechos de niños y niñas establecidos en su normativa y alcanzados como producto de largas luchas y de amplios consensos sociales. No hay lugar a dudas: pibes y pibas dejaron de ser los “únicos privilegiados” y las acciones gubernamentales hacia ellos se diseñan y ejecutan en la actualidad en dolorosa clave de ajuste neoliberal.
En este contexto, las y los trabajadores de niñez y las organizaciones sociales, políticas y sindicales visualizamos cotidianamente el crecimiento de la pobreza y la exclusión social, mientras se produce un proceso de desterritorialización y vaciamiento de las políticas públicas que nos deja muchas veces sin poder brindar respuestas concretas a las demandas cada vez más complejas de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
Entendemos que el Gobierno Nacional no puede desentenderse de la responsabilidad de garantizar los derechos de los que menos tienen, en un momento en el que lejos de cumplirse la promesa de campaña de “pobreza cero”, la ya apremiante situación social se agrava ante la política de endeudamiento del gobierno con el FMI, cuyas exigencias profundizan la desigual distribución de la riqueza al tiempo que socaban los cimientos de nuestra soberanía nacional.
Por todo esto, decimos que la Niñez está en Emergencia y rechazamos profundamente el proyecto de presupuesto que el Gobierno de Macri quiere aprobar el 24 de octubre en el Congreso de la Nación.
Para adherir al Documento, enviar mail a: [email protected]