Reforma laboral: viejas recetas ¿mismo destino?

Un análisis sobre cómo Cambiemos pretende pelear contra la informalidad laboral con herramientas viejas que nunca funcionaron.

Tal como lo intentó anteriormente con distintos borradores y proyectos de ley ingresados en ambas cámaras, el gobierno nacional vuelve a promover una de las patas de la arduamente cuestionada reforma laboral. Se trata de una nueva versión del proyecto de “blanqueo”, presentado por el senador Roberto Basualdo a instancias del poder ejecutivo.

El proyecto está articulado fundamentalmente en dos ejes. Por un lado promueve un generoso plan de registración de trabajadoras y trabajadores, mediante la condonación de deudas, aportes patronales y sanciones a quienes tengan personal nula o incorrectamente inscripto. Por otra parte modifica la redacción y la composición de las multas previstas por la normativa laboral para los supuestos de falta de entrega de certificaciones laborales, relación de trabajo en la clandestinidad, así como remuneración o fecha de ingreso en el recibo de haberes diferentes a la real.

En términos comparativos, esta versión del proyecto es menos regresiva en materia de derechos laborales que las anteriores presentaciones del gobierno. Sin embargo, tiene varios puntos cuestionables que denotan el signo ideológico de esta iniciativa, proveniente de una administración que ve en la protección normativa del trabajo un obstáculo para la creación de empleo, haciendo culto de la flexibilidad como receta mágica, a contramano de la historia de nuestro país.

Uno de los principales puntos de la iniciativa es el ahorro que le representa al empleador que haga uso de la misma: la eximición por dos años del pago de aportes al sistema previsionalsobre el personal registrado o contratado a partir de esa fecha. Si bien esto de por sí podría implicar un golpe al financiamiento del sistema de la seguridad social, es al mismo tiempo un potencial riesgo para quienes se encuentran actualmente en relación de dependencia, dado que las empresas podrían optar por despedir al personal con antigüedad a fin de contratar por menores costos.

No menos preocupante es la intención de reducir las indemnizaciones que pueden reclamar quienes se encuentran nula o incorrectamente registrados. Al pretender modificar de la ley 24.013, la base de cálculo actualmente prevista (la remuneración devengada por la trabajadora o el trabajador) por el salario mínimo vital y móvil. De esta forma se estarían reduciendo los montos que pueda obtener quien reclame judicialmente, y a la vez desestimulando la posibilidad del reclamo por la correcta registración, lo que resulta contradictorio con la finalidad misma que enuncia el proyecto de ley.

Asimismo, el proyecto contempla incorporar como destino de las multas mencionadas anteriormente al sistema de seguridad social, haciendo que el empleador condenado pague idéntica suma a quien reclamó y al Estado, en lugar de mantener las indemnizaciones en beneficio de la trabajadora o trabajador que intime. Además excluye estas sumas de las costas del juicio perjudicando el ingreso de la asistencia letrada que haya intervenido en el reclamo.

En síntesis, la iniciativa del Gobierno no contiene nada novedoso. Si bien es menos lesiva para las trabajadoras y trabajadores que los anteriores proyectos, se debe más a la propia incapacidad del gobierno para aprobarlos que a haber tomado nota de los déficit contenidos en dichas iniciativas.

Nuevamente Cambiemos pretende pelear contra la informalidad laboral con herramientas viejas, que jamás tuvieron un impacto positivo a lo largo de nuestra historia. A pocos meses de terminar su gestión, las políticas de empleo del presidente Macri parecen encaminadas al mismo fracaso en el que vienen incurriendo desde el 10 de diciembre de 2015.

*Julián Hofele es abogado laboralista