No al ajuste en políticas públicas destinadas a la niñez, adolescencia y familia

Frente a los efectos devastadores de las políticas económicas ejecutadas por este gobierno neo liberal de Mauricio Macri, cuyo objetivo principal es el sostenimiento de los márgenes de rentabilidad de los que juegan en el sistema especulativo financiero, dolarizando los bienes y servicios de los sectores más concentrados de la economía, provocando una transferencia inusitada en la historia argentina de recursos de los sectores que menos tienen a los sectores más concentrados de la Economía. En pocas palabras un Gobierno que Gobierna para los ricos, las empresas y los fondos de inversión permitiéndoles la fuga de divisas de nuestro País.-

El costo que estamos pagando los argentinos producto de esta política es altísimo, ya que este modelo genera destrucción de las fuentes laborales, caída del consumo interno, salarios a la baja, por ende pérdida del poder adquisitivo de las familias, más generación de pobreza y desigualdad. En este sentido lo anunciado el miércoles 27 de septiembre por la Presidente Macri de aumento de la pobreza: El 27,3 por ciento de la población se encontró en el primer semestre en situación de pobreza por ingresos, lo cual representa una suba de 1,6 punto porcentual frente a los segundos seis meses de 2017, indicó ayer el Indec. La indigencia se ubicó en el 4,9 por ciento, 0,1 punto por encima del semestre anterior
Las Niñas, Niños y Adolescentes claramente no son la excepción a este modelo de ajuste que viene implementando El Presidente Macri.

En este contexto se ha incrementado la pobreza infantil superando el 48% y un 33, 8 % debe asistir a un comedor escolar o barrial para alimentarse, según las estimaciones realizadas por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, esto teniendo en cuenta que esta proyección fue realizada antes de la última corrida cambiaría cuya devaluación fue del 40% de la moneda nacional.-

Respecto de la salud, los números también encienden las alertas. El 80,9 % de los chicos de los sectores más vulnerables solo puede atenderse en hospitales públicos y la salitas barriales por las cuales los gremios de médicos y enfermeros reclaman mayor financiamiento. También es importante destacar el recorte en el plan de vacunación obligatoria, como la eliminación de la vacuna de la meningitis para los niños mayores de 11 años, más la reducción del plan materno – infantil, como así también, reducción en los tratamientos de HIV, medicamentos oncológicos y recorte presupuestario en el Hospital Garraham, Posadas.

En lo que se refiere a educación, el 49 % de los alumnos de las escuelas públicas no accede o dejó de acceder a las nuevas tecnologías. Al respecto cabe recordar que el presidente Macri decretó el cierre del programa Conectar Igualdad, que durante el gobierno anterior proveyó de netbooks gratuitas y contenidos digitales a 5 millones de estudiantes de toda la Argentina.

Pero como si esto fuera poco con la reforma previsional que se aprobó en diciembre de 2017 en el Congreso de la Nación a través de la nueva fórmula de actualización de las asignaciones familiares y universal por hijo (AUH) de los últimos dos semestres totalizan un 31%. Pero la inflación del año 2016 fue de 42%. El resultado: 8 millones de niñas y niños, destinatarios de asignaciones, perdieron un 11%.

En este contexto de crisis social y económica, por Decisión Administrativa N° 1605/2018 del Sr. Jefe de Gabinete con la Anuencia del Sr. Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, se procedió a realizar un reasignación presupuestaria quitando del presupuesto de dicha Secretaria la suma de $126.318.134 a saber:
1) Promoción a espacios de primera infancia $ 117.866.560
2) Políticas Federales para Niños, Niñas y Adolescentes $ 2.814.659
3) Promoción y protección de Adultos Mayores $ 2.282.780
4) Acciones de Promoción y Protección Integral de Derechos de NNyA $ 3.354.135
Este crédito fue enviado al Ministerio de Seguridad para cubrir gastos de la Policía federal, esto se traduce en una reasignación presupuestaria con un alto contenido simbólico. Menos Políticas Públicas destinadas a la Niñez, más aparato represivo para controlar la protesta social.

Cabe destacar que estos fondos asignados por el presupuesto nacional son intangibles y así lo establece la Ley 26.061:
“ARTICULO 72. — FONDOS. El Presupuesto General de la Nación preverá las partidas necesarias para el funcionamiento del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia, el Defensor de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes y todas las que correspondan para el cumplimiento de la presente ley, atendiendo lo previsto en el artículo 70.
La previsión presupuestaria en ningún caso podrá ser inferior a la mayor previsión o ejecución de ejercicios anteriores. Dispóngase la intangibilidad de los fondos destinados a la infancia, adolescencia y familia establecidos en el presupuesto nacional.”

De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña, la República Argentina, como Estado parte de la misma, tiene la obligación de garantizar el principio de “interés superior del niño” “hasta el máximo de los recursos de que dispongan”. Este deber, no es una cuestión discrecional u opcional, sino que implica el deber de implementar medidas ejecutivas, legislativas y judiciales, que son examinadas por el Comité de los Derechos del Niñas, Niños y Adolescentes.
En este sentido con respecto a la afectación de los recursos presupuestarios por causas macroeconómicas, como, por ejemplo, el crecimiento de la inflación y el descenso del crecimiento económico, el Comité de los Derechos del Niño y de la Niña de la ONU, en su Observación general N° 19 del año 2016, sobre la elaboración de presupuestos públicos para hacer efectivo los derechos del niño y de la niña, ha señalado, entre otras consideraciones, que:
– “Las medidas legislativas que los Estados partes están obligados a adoptar en relación con los presupuestos públicos son, entre otras, revisar la legislación existente y formular y aprobar nueva legislación que aspire a asegurar que los presupuestos sean lo bastante cuantiosos como para hacer efectivos los derechos del niño” (23)
– “La obligación impuesta a los Estados partes en virtud del artículo 4 de dar efectividad a los derechos económicos, sociales y culturales “hasta el máximo de los recursos de que dispongan” significa también que no deben adoptar medidas regresivas deliberadas en relación con tales derechos. Los Estados partes no deben permitir se deteriore el nivel actual de disfrute de los derechos del niño” (31)
– “Los Estados partes deben llevar a cabo valoraciones de los efectos que tiene sobre los derechos de los niños, la totalidad de la legislación, las políticas y los programas, también los de naturaleza macroeconómica y fiscal, a fin de garantizar que no socaven la efectividad de los derechos del niño” (71)
– “Los Estados partes deben adoptar y mantener mecanismos y sistemas de financiación pública transparentes y eficientes a fin de asegurar la rentabilidad de los bienes y servicios adquiridos para promover los derechos de los niños” (94)
– “Los Estados partes deben supervisar los resultados de los gastos durante la etapa de ejecución, a fin de poder intervenir para adoptar medidas correctivas rápidamente en caso necesario” (96)-

Párrafo aparte merece la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Famiia, que como órgano rector de las políticas públicas destinadas a la infancia, conforme competencia otorgada por art. 43 y 44 de la Ley 26061 no ha emitido un solos rechazo ni opinión con respecto a todos estos recortes, ni a la situación de privaciones por la que tienen que atravesar las familias y la infancia en nuestro país. Pero además hay que sumarle que a esta altura del año 2018 el presupuesto asignado a la SENNAF, en semejante contexto descripto, se encuentra sub ejecutado y sobre todos en temas tan sensibles como los Centros de Admisión y Derivación a trabajar con las distintas Provincias, Primera Infancia donde no han podido dar muestra ni de un centro de Desarrollo Infantil de los 3000 nuevos que iban a construir, o la partida destinada al fortalecimiento del Sistema de Protección de Derechos, teniendo en cuenta que en algunas de estas partidas no se llega al 10% de Ejecución.

Por todo lo expuesto desde la Comisión de Inclusión y Desarrollo Social del Instituto Patria en el marco del espacio de niñez que venimos conformando manifestamos nuestro profundo rechazo a todas y cada una de estas medidas que violan literalmente los derechos de los niños, niñas y adolescentes de todo el país. También queremos socializar a través de este medio la comunicación que fue votada por amplia mayoría en el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora, presentada por nuestra compañera de Comisión y Concejala del bloque PJ-UC de ese distrito, Laura Berardo, expresando la preocupación ante la reasignación de partidas presupuestarias realizadas por el gobierno nacional a través de la Decisión Administrativa 1606/2018. Creemos que estas manifestaciones deben ser replicadas en todos los espacios institucionales de nuestro país para que de todos lados le llegue a este Gobierno de ajuste y entrega que los argentinos y las argentinas estamos dispuestos a resistir y construir nuevamente un proyecto nacional, popular, democrático e inclusivo.

Aunque duela reconocerlo, en la República Argentina actual, las políticas destinadas a la infancia han dejado de perseguir el “interés superior del niño” y el reconocimiento y acceso a sus derechos. No hay lugar a dudas: pibes y pibas dejaron de ser los “únicos privilegiados” y las acciones gubernamentales hacia ellos se diseñan y ejecutan en dolorosa clave de ajuste neoliberal.