La política ambiental en el nuevo contrato social

Las ideas ambientales desplegadas a lo largo de la historia de nuestro movimiento continúan vigentes. En 1972, Yolanda Ortiz, la primera Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano y referente fundacional de nuestro espacio político, supo marcar el Sur de estas ideas: “Debemos unir fraternalmente nuestras voluntades, con el espíritu abierto para hacer posible un desarrollo sustentable sin excluidos”.

Esta visión ya estaba presente en la Constitución Nacional del año 1949 y en el resto de los documentos doctrinarios. Luego, en el proceso iniciado por la dictadura cívico-militar, se dio por tierra con esta mirada sobre lo ambiental, y el Estado dejó de ser el intérprete e intermediario de los actores de la sociedad en su relación con la naturaleza. No será hasta la incorporación en la Constitución Nacional de 1994 y la sanción de leyes provinciales específicas, que la cuestión ambiental recobrará un espacio en la agenda pública. La sanción de la Ley General del Ambiente N° 25.675 en el año 2002 constituye un hito en la mirada y tratamiento de la problemática ambiental en nuestro país. También lo han sido, entre otras, las leyes de Presupuestos Mnimos de Bosques (2007) y de Glaciares (2010), que más allá de sus aciertos y limitaciones, han permitido acercar a la arena pública los temas ambientales.

No obstante estos avances, la dictadura cívico militar, así como gobiernos que respondieron a las exigencias del mercado desde un enfoque neoliberal, dejaron su impronta en criterios que soslayan nuestras convicciones:
● Concepción economicista del desarrollo, con prevalencia de las clásicas ideas
económicas de progreso y crecimiento a partir de la explotación de los recursos
naturales.
● Sectorización y burocratización exacerbada (oficinas y compartimentos estancos) que
dan por resultado abordajes que no incorporan la complejidad de los problemas e
integralidad de las soluciones.
● Dificultad intrínseca en trascender las escalas inmediatas (espacio-temporales) para
dimensionar las huellas de las actividades antrópicas sobre el medio.
● Tendencia a operar sobre la emergencia tras el hecho consumado, sin planificación a largo plazo.

Esta forma de concebir la gestión ambiental desarticula la relación entre la sociedad civil y las instituciones públicas, lo que, por una parte, da lugar a respuestas individualistas y, por otra parte, se traduce en una desatención de los problemas ambientales. Estamos frente a la posibilidad de llevar adelante políticas públicas que privilegien el bien común, la soberanía nacional y las tres dimensiones del desarrollo sostenible (social, económica y ambiental).

Desde la Comisión de Ambiente del Instituto Patria creemos que la política ambiental se inscribe en el paradigma de ampliación de derechos: el acceso a un ambiente sano es un derecho humano y una forma de equidad social. La transversalidad de la problemática ambiental nos desafía a pensar estrategias integrales que consideren la complejidad del tema y sus múltiples escalas espaciales y temporales. Los instrumentos que prevé la Ley General del Ambiente N° 25.675, sumados a la planificación estratégica, resultan claves para el despliegue de un proyecto nacional de desarrollo sostenible. A su vez, la gestión integral de riesgos contribuye al abordaje de los problemas desde sus causas, trabajando en la prevención y mitigando posibles consecuencias. La evaluación ambiental para la planificación estratégica sustentable es un elemento esencial de este enfoque preventivo y propositivo para evaluar los efectos (sociales, económicos y ambientales) de planes, programas y acciones que influyen en la dinámica territorial. Por este motivo es crucial que la dimensión ambiental sea parte constitutiva de los programas de gestión.

En este escenario, creemos que los temas más urgentes de una agenda ambiental son: 1) tratamiento y disposición de residuos de sólidos urbanos; 2) gestión de la conservación y el uso sustentable de los humedales, bosques y pastizales; 3) contaminación de cuencas; 4) modelo productivo y uso de agroquímicos; 5) control y remediación de los impactos de la actividad minera y extracción de hidrocarburos; 6) gestión de la biodiversidad y su uso sustentable; 7) gestión integral del riesgo hídrico (inundaciones, sequías e incendios); 8) adaptación y remediación al cambio climático; 9) revisión y ampliación de la matriz energética; 10) degradación de ecosistemas (desertificación, erosión, salinización, pérdida de biodiversidad); 11) usos, ocupación y expansión del suelo urbano sin planificación sustentable.

Se trata de poder impulsar y conducir acciones políticas que garanticen una vida digna en un marco de justicia social, brindando oportunidades de desarrollo económico que atiendan al mismo tiempo la preservación y protección ambiental. La frase “la Patria es el Otro” nos recuerda nuestra responsabilidad comunitaria y el compromiso intergeneracional que debemos asumir. “Un nuevo contrato social de ciudadanía responsable” nos han dicho, y parece que esta es la clave de los tiempos que vienen, donde nuestras capacidades enfrentan el desafío de construir un nuevo orden desde el Frente de Todxs.

Comisión de Ambiente, noviembre 2019.