Las últimas noticias de la llamada “Causa Vialidad” no por esperadas dejan de ser sorprendentes. Es que tras nueve largas jornadas en las que los fiscales repitieron innumerables presunciones en contra de los imputados sin que hubiera basamento probatorio que justificara sus afirmaciones, pidieron una condena de 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos para la Vicepresidenta de la Nación. Sin reconocer las potestades que nuestra Nación otorga a las autoridades democráticamente elegidas, y pisoteando sin miramientos el derecho administrativo público, afirmaron que Cristina Fernández de Kirchner dirigía una asociación ilícita desde la Primera Magistratura.

La sola idea de esta posibilidad afecta no solo los derechos de la líder política más importante de nuestro país, sino los fundamentos mismos de nuestra democracia. No podemos hablar de esta causa como un mero expediente judicial: estamos ante un hecho institucional de gravedad inusitada, que muestra los intereses que se esconden detrás del funcionamiento del Poder Judicial.

Hace 50 años, una dictadura violó los más elementales derechos humanos con los fusilamientos de Trelew. Hoy, en un Estado de Derecho, el Partido Judicial exhibe sus intereses impunemente.

En la Argentina, el 22 de agosto será recordado por el renunciamiento de Evita, pero también por los fusilamientos de ayer y los intentos golpistas de hoy.

Comisión Administración de Justicia, 22 de agosto de 2022.