FINANCIACIÓN BIEN CLARITA.
INTENTO DE INTELIGENCIA INTERNA RECHAZADO.

Con relación a informaciones tergiversadas aparecidas en la prensa, el Instituto Patria aclara:

La sanción aplicada por la IGJ, revocada por el Fallo de la Cámara Civil, como así también el Recurso de Apelación presentado por el Instituto Patria ÚNICAMENTE se referían a la intimación efectuada por la IGJ para proporcionar los datos completos de los asociados a nuestra Institución y NO a la forma en que se financia el Instituto Patria.
Una vez más y con el único afán de crear un manto de sospecha sobre nuestra Institución se intenta idear movimientos de dinero de dudosa procedencia que no existen y que ahora podríamos no informar.

La Inspección General de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia del Presidente Macri MIENTE y le ha mentido a la Justicia al sostener que el Instituto Patria le retaceó información sobre sus fuentes de financiamiento y que esa información le era necesaria para cumplir con sus función de fiscalización permanente sobre las asociaciones civiles como la nuestra.

La Inspección General de Justicia conoce perfectamente cómo se financia nuestra institución: principalmente a través de las cuotas sociales que abonan nuestros asociados y muy secundariamente a través de donaciones de muchísimas personas específicamente declaradas.

Todo figura en el balance de ese ejercicio, APROBADO POR LA AFIP y que ha sido tomado como excusa por la IGJ para desatar una campaña en contra del Instituto Patria.

Durante todo el año 2017, a partir de la presentación del balance 2016, hemos sufrido hostigamiento y persecución, que culminó con la intimación a presentar EL LISTADO DE NUESTROS ASOCIADOS CON TODOS SUS DATOS PERSONALES.

Este requerimiento ILEGAL e INCONSTITUCIONAL se formuló con la EXCUSA de verificar el pago de las cuotas sociales. Con anterioridad ya habíamos proporcionado dicho listado con fechas de pago, montos, categoría de socios y demás datos contables, identificando a los asociados mediante su número de socio y preservando su identidad, conforme la ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales.

Para conocer el financiamiento de nuestra Asociación no hace falta conocer la identidad de los socios, sino los pagos realizados. Es evidente la intención de hacer inteligencia interna y no de fiscalizar a la institución conforme a las atribuciones legales de la IGJ.

Nos negamos a esta ilegal pretensión, el Inspector General de Justicia, en abuso de autoridad, nos sancionó e insistió en requerir el listado de nuestros asociados. Sostenía que la pertenencia al Instituto Patria no implica revelar datos sensibles, entre los que se encuentra la opinión política del socio.

Es de público y notorio conocimiento la orientación política y filosófica del Instituto Patria, cuya Presidenta Honoraria es la Dra. Cristina Fernández de Kirchner.

¿A quién puede caberle alguna duda de que la nómina de asociados revela la opinión política de cada uno de ellos? ¿Podía dudarlo el Inspector General de Justicia?

Apelamos y la Cámara Civil nos dio la razón porque habíamos obrado en amparo a la ley vigente, protegiendo datos sensibles que revelan la opinión política de nuestra gente.

Ésta es la realidad de lo acontecido. Nuestro financiamiento está a la luz del día y no fue materia de ninguna acción judicial. La privacidad de nuestros asociados se encuentra protegida por la ley y por la Justicia, como debe ser.