Hace unos días el Gobierno Nacional dio a conocer el Decreto 102/2018 con las firmas de la Vicepresidenta Gabriela Michetti (suplanta a Macri quien se encontraba en Sudáfrica en la cumbre del BRICS), el Jefe de Gabinete Marcos Peña y el Ministro de Trabajo Jorge Triacca.

Aunque en realidad, dado el significativo recorte que implica para los ya castigados bolsillos de millones de argentinos, podría afirmarse que ha sido redactado y suscripto directamente por Christine Lagarde, titular del FMI.

Dicho Decreto establece los nuevos montos a cobrar por las Asignaciones Familiares, modificando el piso y el techo de ingresos que deberán tener los trabajadores y trabajadoras para acceder a este derecho. Baja de $94.786 actuales a $83.917 el ingreso familiar hasta el cual se percibe el derecho con lo que reduce la cantidad de familias beneficiarias del mismo. Además la flamante normativa impone que si uno de los integrantes del grupo familiar tuviera un ingreso superior a los $41.959, quedará excluido del cobro de asignaciones; y establece un nuevo piso de ingresos para recibir la asignación familiar de $200 a $2816, por lo que por debajo de ese monto se percibirá sólo la AUH.

También, y lo más relevante de este ajuste es que elimina los beneficios zonales que alcanzan a cientos de miles de niños y niñas que habitan las provincias de la Patagonia y algunas zonas del Norte del País. Este “diferencial por zona desfavorable” fue pensado para favorecer a aquellas regiones del país con mayores dificultades geográficas, climáticas, con poblaciones reducidas y vulnerables, y economías que deben ser necesariamente promovidas por el Estado para ser sustentables. Quitar este derecho a miles de familias será condenar a aquellas poblaciones al abandono y a una crisis inevitable en este contexto.

Preanuncia asimismo que corren idéntico futuro posible los millones de jubilados, pensionados y pensionados no contributivos que actualmente cobran un 40% más de ingresos por lo que se conoce como plus por Zona Austral (de Carmen de Patagones hacia el sur del país abarcando a nuestras seis provincias patagónicas).

Esto sucederá a partir del 1 de septiembre y es aplicable no solo a las asignaciones familiares que perciben los trabajadores y trabajadoras sino también a las por adopción, casamiento, fallecimiento; y es para activos y pasivos, públicos y privados, monotributistas, ex combatientes de Malvinas, AUH y PUAM. El decreto apenas si excluye del ajuste a quienes perciben en concepto de desempleo y los hijos/as con discapacidad ya que no modifica en estos casos los diferenciales por zona que, según varios medios de comunicación, en un principio había sido evaluado por el gobierno pero fue dejado afuera porque sería “políticamente incorrecto” luego de que hace un año quisieron avanzar sobre las pensiones no contributivas por discapacidad lo que provoco el repudio de la opinión pública.

Como si todo esto fuese poco, el Decreto en su art. 6 establece que “En los casos en que la presentación de Declaraciones Juradas por parte del empleador se realice por períodos vencidos respecto de la pertinente obligación mensual y ésta determine por tanto, el pago de retroactivos de asignaciones familiares, las mismas serán abonadas por la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), en la primera liquidación disponible, una vez verificado el ingreso de los aportes y/o las contribuciones patronales correspondientes. Idéntico procedimiento operará en el caso de solicitudes de retroactividades de asignaciones familiares.
Detrás de este nuevo eufemismo hace depender el pago del beneficio al efectivo cumplimiento de las obligaciones correspondientes al empleador. Por lo cual el Estado se desentiende de su doble obligación: la de resguardar los derechos de las personas garantizando el cobro independientemente de la voluntad patronal, y por otra parte la obligación estatal de perseguir y sancionar a los empleadores incumplidores.

¿Es éste un FMI distinto al que ya todos conocemos? ¿No dijeron acaso que el acuerdo que firmaron comprende una mirada de “resguardo social” sobre los niños y niñas y los más vulnerables?

Un detalle de los perjudicados

Los grupos familiares (dos empleados en blanco con hijos) que hoy perciben ingresos hasta $ 94.786 y cobran la asignación mensualmente. Desde el primero septiembre próximo solo la recibirán los grupos familiares que perciban en conjunto hasta $ 83.917.
El integrante del grupo que tiene un salario máximo de $ 47.393 y la recibe. Desde septiembre aquel que tuviera un ingreso superior a los $ 41.959 ya no la recibirá más.

Los que hoy cobran entre $ 200 a $ 2.815. Cuando entre en vigencia la medida, el piso del salario mensual para acceder a las asignaciones familiares será de $ 2.816.

Los habitantes con hijos de las cuatro Zonas desfavorables que dividió la Anses y que hoy cobran un extra todos los meses, según la región del país. En la Patagonia y algunos departamentos provinciales del Norte reciben hoy entre $ 3.155 y $ 3.407 por mes. Pero desde septiembre se igualará para abajo con el área metropolitana, el Litoral y el centro de la Argentina al «valor general», que actualmente es de $ 1.578. O sea, perderán entre $ 1.577 y $ 1.829 mensuales.

Otra vez provincias “inviables”

Como bien plantea el abogado Fernández Pastor “Me gustaría que pensemos en un pueblo de 300 o 400 habitantes en la cordillera (incluido en lo que se conoce como la zona 4), en el sur o en el norte, de producción básica. Allí habrá unos 100 o 150 chicos y chicas, de ellos unos 80 percibirían la máxima asignación familiar es decir $3.407. Eso significa que a ese pueblo ingresan $272.560 por mes por lo que al año ingresan $3.543.280. ¿Se imaginan que pasa con ese pueblo si ese ingreso se esfuma?, no hace falta demasiada imaginación para saber que es la sentencia de muerte de ese pueblo. Pero si el presupuesto de seguridad social es de $ 1.453.514.662.730 ¿se puede ser tan inhumano de condenar a cientos de pueblitos que viven en esos lugares inhóspitos, haciendo Patria para ahorrar el 0,0002% del presupuesto?”.

Desde la Comisión de Inclusión y Desarrollo Social del Instituto Patria denunciamos que este Decreto representa el ajuste que el Gobierno Nacional está realizando sobre las políticas públicas y sociales en el marco del acuerdo firmado con el FMI. En un contexto de crisis económica, inflación desatada y ante los anuncios de nuevos aumentos en el transporte público, el gas y la luz, esta medida significa más ajuste sobre el pueblo para seguir favoreciendo a los sectores que se benefician con la timba financiera y los grandes exportadores sojeros.