TRANSFERENCIAS DE RECURSOS Y VULNERACIÓN DE DERECHOS

COMUNICADO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Como en otras ocasiones, nos encontramos ante una acción gubernamental que favorece negocios privados. A través de la Resolución Nº 215/2019, el Gobierno Nacional adjudicó la suma de $65.255.943,92 a la empresa Congresos Internacionales S.A., a fin de organizar una «Cumbre sobre Discapacidad».

Para la organización de este evento, la gran mayoría de las organizaciones de personas con discapacidad no fueron convocadas. Tampoco fueron convocadas las instituciones públicas que diaria y sostenidamente trabajan por estos derechos. Por el contrario, se transfiere una suma millonaria a una empresa privada en el contexto del brutal ajuste que sufre el colectivo al que pertenecemos.

Actualmente, son denegadas la mayoría de las pensiones no contributivas que fueron injustamente dadas de baja, pese a que la Justicia sentenció que debían ser restituidas. Asimismo, decenas de miles de pensiones se encuentran en peligro a partir de intimaciones de baja por parte de la actual Administración. Más de 70.000 pedidos de nuevas pensiones continúan sin tratamiento dese hace más de tres años por indicación de los actuales funcionarios. Debido al endurecimiento y restricción en el acceso, miles de conciudadanos/as no llegan a iniciar trámite. Todas las prestaciones que debe garantizar el Gobierno Nacional, desde medicamentos hasta prótesis, son negadas o limitadas por deudas siderales a los proveedores. Incluir salud no responde y su presupuesto no es respetado.

La subejecución de un programa presupuestario (pensiones no contributivas, Incluir Salud, etc.), baja el piso del presupuesto a afectar al año siguiente. Así, asistimos a una reducción presupuestaria año tras año. Sabemos que la subejecución no obedece a la falta de necesidades en la población, pues los padecimientos son cada vez mayores. Esta estrategia obedece al ajuste general de programas públicos comprometido por este gobierno ante el FMI.

El dinero para el evento es una oportunidad de negocios con una modalidad diferente de rendición de cuentas. Claramente, son recursos que se retiran de la política de discapacidad para favorecer decisiones discrecionales de funcionarios y empresarios.

El discurso oficial sostiene que el ajuste es necesario porque se gasta más de lo que se tiene. Sin embargo, observamos un desembolso millonario en favor de una empresa privada sin ningún beneficio directo para las personas con discapacidad. La acción de un Gobierno que viola sistemáticamente derechos, incluso el de la participación de organizaciones vinculadas a la problemática, puede resumirse en una sola frase: «todo lo de nosotros, sin nosotros».

Comisión de Derechos de las Personas con Discapacidad.

Mayo de 2019.