Solicitud de declaración de la emergencia nutricional y alimentaria nacional

Desde la Comisión de Inclusión y Desarrollo Social y la Comisión de Salud a través de su espacio Centro Cunita elaboramos el siguiente documento planteando la necesidad de  Declaración de Emergencia Nutricional y Alimentaria en todo el territorio nacional.El texto fue presentado el sábado 8 de diciembre en el V Encuentro Nacional de Salud realizado en la Ciudad de La Plata en el marco del taller sobre Niñez. Estuvieron presentes Mario Rovere, referente del Centro Cunita y Liliana Periotti ex subsecretaria de Políticas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Social y actual integrante dela Comisión de Inclusión del Instituto Patria 

SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE LA EMERGENCIA NUTRICIONAL Y ALIMENTARIA NACIONAL

1. Declarar la Emergencia  Alimentaria y Nutricional Nacional. La misma debe contemplar un aumento del presupuesto  para las  Asignaciones Familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) junto al aumento de partidas destinadas a comedores escolares, infantiles y comunitarios. Se debe garantizar la intangibilidad de los fondos para que dicho presupuesto sea intransferible y utilizado exclusivamente para la alimentación de la población. El presupuesto debe ser un porcentaje del PBI.

2. La Alimentación es un Derecho Humano establecido por nuestra Constitución Nacional. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en las Convenciones Internacionales que el país ha suscrito se establece el derecho de todas las personas a la satisfacción de las necesidades básicas, entre ellas la alimentación, como una condición de la calidad de vida.

3. Aplicación y revisión de la Ley 25.724 con el objetivo de que la Emergencia Alimentaria pueda trabajarse sobre la ley vigente. Dicha ley creó el Programa de Nutrición y Alimentación Nacional, con el objetivo de cubrir los requisitos nutricionales de niñas, niños y adolescentes hasta los 14 años, mujeres embarazadas,  personas con discapacidad y personas de más de 70 años en situación de pobreza.

4. Asegurar el funcionamiento de la Comisión Nacional de Nutrición y Alimentación Nacional creada por el Articulo 4 de la Ley 25.724 teniendo en cuenta la representación de las organizaciones no gubernamentales como lo define el inciso a del citado artículo. La comisión debe respetar la diversidad cultural y productiva del territorio argentino.

5. Establecer mecanismos adecuados de control de precios de los alimentos. Controlar la aplicación de la Ley 26.992, por la que se creó el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios, como organismo técnico con el objeto de monitorear, relevar y sistematizar los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios que son producidos, comercializados y prestados en el territorio de la Nación.

6. Promover políticas de autoproducción de alimentos, el fortalecimiento del comercio de cercanía y el achicamiento de los circuitos de consumo.

7. Garantizar el aumento del cupo, la calidad y la cantidad de los alimentos que se ofrecen en  los comedores escolares, infantiles y comunitarios.

8. Aumentar el presupuesto  para  la realización de actividades de educación alimentaria, asesoramiento nutricional, y demás tareas que favorezcan la promoción de una dieta equilibrada y acorde al momento del desarrollo de los destinatarios.  Son los niños y niñas los principales replicadores de buenos hábitos de alimentación.  

Unicef detectó que hay 7,3 millones de personas no pueden acceder a la canasta básica de consumo y además sufren de alguna privación estructural. De esa población total prácticamente la mitad son niños, niñas y adolescentes. Se trata del segmento más postergado de la sociedad.   

“La defensa del derecho a la alimentación es una obligación legal del gobierno y una cuestión de derechos humanos”, así lo expresó Hilal Helver, relatora especial sobre el derecho a la alimentación de la ONU, quien en Septiembre visitó nuestro país.

Datos del Barómetro de la deuda social de la UCA muestran que a fines del 2017 la pobreza alcanzaba al 48,1% de los niños y niñas del país, elevándose al 54,2 % en el Conurbano Bonaerense, que el 17,6 % tenía déficit en sus comidas y que el 9,2 % había pasado hambre. El 33, 8% asistía a comedores escolares, elevándose este porcentaje a 37,7 % en el GBA.

De la misma fuente marcan «que la mayor parte de los hogares comen exclusivamente de la comida que van a retirar de los comedores comunitarios de los barrios». «En estos hogares se bajó el consumo en cantidad y calidad, por eso los niños redujeron la cantidad de comidas que hacen al día», se agrega.

Un informe de CEC-UBA de Octubre de 2018 muestra que la variación nominal entre los presupuestos alimentarios de 2018 y 2019 es solamente de un 26,1 por ciento, mientras que según estimaciones oficiales la inflación prevista para el año sería del 34,8 por ciento, y según estimaciones no interesadas superará el 40 por ciento. Pero, además, el recorte en asistencia alimentaria se agrava si se considera la situación de los programas de tarjetas alimentarias y comedores escolares, que son gestionados principalmente por las provincias y municipios con fondos que transfiere el gobierno nacional. Esto significa un “ahogamiento” de las políticas de asistencia alimentaria por parte del gobierno nacional y pronostica un  agravamiento aún mayor de la situación actual.

No hay respuesta que sea suficiente cuando una política de estado le quita a los pobres  y profundiza  la ya existente desigualdad. El Presupuesto de ajuste aprobado en el Congreso Nacional, los condicionamientos del FMI y las políticas que definió el presidente Macri no muestran rectificación del rumbo económico, sino todo lo contrario. Cabe esperar entonces que la situación nutricional del pueblo argentino y en especial la de la niñez se deteriore si no se toman urgentes medidas.

Dentro de la Ley de Emergencia Alimentaria deberá preverse la calidad y cantidad de alimento, el registro permanente de la salud de quienes asisten y de quienes sostienen los comedores y merenderos comunitarios, el aumento en la cantidad de mercaderías, los subsidios para las familias y para su alimentación, los subsidios a comedores comunitarios que tienen grandes problemas para afrontar el costo de los servicios básicos que hoy son fruto de autogestión y el reconocimiento del trabajo que realizan les trabajadores de la economía popular , sosteniendo esos comedores como parte de la creación de herramientas laborales de transición.

No hay soluciones sin políticas públicas que permitan garantizar una cadena de producción de alimentos saludables  y que estos lleguen a todas las personas para que nadie pase hambre, ni desarrolle otro tipo de desórdenes y patologías vinculadas con la mala alimentación. Una iniciativa como la ley de Emergencia Alimentaria será un paso importante para dimensionar la problemática de la alimentación y el hambre, pero debe ser la transición a otras políticas de largo plazo.

Desde las Comisiones de Inclusión y Desarrollo Social y de Salud , Centro Cunita del Instituto Patria seguiremos  trabajando en este sentido para que los aportes de todos y todas se vean plasmados en proyectos de ley, visibilización de la problemática y promoción de acciones sociales y políticas que den respuesta a la crítica situación alimentaria que están sufriendo los sectores más vulnerables de la sociedad , poniendo el foco en recomponer no solamente el bolsillo sino también la dignidad del Pueblo Argentino.

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