Reunión con el Espacio Plurinacional Kamba

El pasado jueves 22 de noviembre se realizó, en la sede del Instituto Patria, una reunión entre representantes de la Comisión de Inclusión y Desarrollo Social y del Espacio plurinacional indígena Kambá con el objetivo de comenzar a articular actividades y propuestas en conjunto.

El Espacio plurinacional indígena Kamba está integrado referentes de los pueblos indígenas de Wichí, Qom, Comechingón, Iogys, Tastíl, Chorote, Guaraní, Omaguaca, Mapuche-Tehuelche de las provincias de Salta, Santa Fé, Chaco, Córdoba, Buenos Aires y Jujuy que trabajan temáticas como salud intercultural; discriminación en salud y escuelas; la preocupación por el registro estadístico de las poblaciones indígenas del país que para el censo 2020 no cuenta con el compromiso que se observó en 2010; la falta de documentos de identidad en las poblaciones indígenas; la necesidad de estrechar vínculos con los legisladores nacionales y provinciales desde los territorios y comunidades indígenas; las restituciones de los cuerpos indígenas que están todavía en “colecciones” de museos; la falta de apoyo a las expresiones artísticas de los pueblos indígenas; la intensificación de desalojos en los territorios comunitarios y la persecuciones a referentes indígenas; las restricciones a medios de comunicación indígenas ignorando los derechos logrados; la articulación necesaria y sostenida entre sindicatos, gremios y universidades junto y no delante o sobre quienes integran los pueblos indígenas, y que han conseguido y defienden un  protagonismo político propio, sin voceros.

Libia Tujuayliya, del Pueblo Wichí, médica formada en Cuba, expresó la preocupación por el retroceso y la falta de inclusión de los profesionales indígenas. Asimismo, destacó la necesidad de favorecer el encuentro de profesionales de la salud con experiencia en los sistemas formales de salud e idóneos de los pueblos indígena. En la actualidad los retrocesos en Salud tienen un impacto mayor en los municipios y localidades con poblaciones que no son reconocidas en su plurinacionalidad.

Ricardo López, del pueblo Qom de Rosario, agente sanitario intercultural, habló de las situaciones de discriminación y exclusión del sistema de salud y el sistema educativo, cuando a los niños se les imponen pautas de crianza y alimentación y las costumbres de los pueblos indígenas son expulsadas de las prácticas sanitarias y educativas. Desarrolló la importancia de contar con espacios de intervención intercultural, y puso como ejemplo la implementación de la Educación Sexual Integral, donde se realizaron reformulaciones para la aplicación local, a partir de talleres en los que se agregaron las perspectivas desde el pueblo Qom.

Liliana López, del pueblo iogys de Salta, señaló que su formación como técnica superior en Desarrollo Indigena en la Provincia de Salta carece de espacios en los que se integren los profesionales tanto en ámbitos públicos como privados, a pesar de los innumerables programas que hacen referencia a las poblaciones indígenas. “Desde esta perspectiva la inclusión, el desarrollo, necesariamente tendrían que considerar las culturas ancestrales, nuestra cosmovisión y las costumbres que nos guían en la espiritualidad que conforma nuestra idea del Buen Vivir y de la interculturalidad. Es así que el nuestra idea de territorio es más que la tierra que habitamos. Por esto defendimos la prórroga de la ley 26160 en un acampe de la Plaza Congreso el año pasado, hasta lograr que sea aprobada por 4 años.” Por último, resaltó la necesidad de hacer un seguimiento del cumplimiento de esta ley, que frena los desalojos y exige demarcar los territorios y así consolidar los derechos de uso y propiedad, con el pedido de informes a los responsables de su ejecución en la Nación y las Provincias.

Carlos Núñez, del pueblo Qom de Resistencia, Chaco, referente social, destacó que también está marcado por el 2001 como el momento en donde los barrios estaban hacinados y luego de largas luchas se logró una reparación histórica y mejorar las condiciones de vida. Hoy estos logros están en retroceso con la complicidad del poder judicial, que limita el acceso de los pueblos indígenas al no contar con traductores. “También nos vemos afectados por la falta de acceso al agua y la privatización de las semillas.”

Clementina Cruz, del pueblo Omaguaca de Jujuy, alertó acerca de la continuidad de la persecución a los pueblos indígenas de la provincia. La falta de acceso al agua también es un problema en comunidades como Ornocal, Ocumaso, Calete y Cecanzo, próximas al Río Grande. La Ley de Semillas , que promueve la privatización de este bien común, pone en riesgo la supervivencia de especies vegetales, la memoria ancestral del territorio, las prácticas económicas comunitarias y la propia SOBERANÍA ALIMENTARIA del pueblo en general y del Omaguaca en particular.

Gladys Canelo, del pueblo Comechingón de Córdoba, Licenciada y profesora en Biología, presentó su experiencia como profesional universitaria, referente provincial e integrante del Consejo de Participación Indígena (2012-2015), en la que pudo protagonizar el acompañamiento de las políticas públicas, la consulta previa libre e informada en lineamientos de políticas que involucran la intervención en el desarrollo de la vida social de las comunidades indígenas. Es un ejemplo central del retroceso, lo planteado en la programación del CENSO NACIONAL 2020, que el INDEC hoy organiza sin la participación plena de los 40 pueblos indígenas del país, y tampoco aborda la complejidad de sus casi 2000 organizaciones comunitarias presentes en todas las provincias. El censo 2010 fue un hito en este periodo democrático que mostró la fuerza del proceso de auto adscripción indígena, que permite pensar Argentina como un país plurinacional.

Oscar Talero, del pueblo Qom de Rosario, contó su experiencia como dirigente de una cooperativa de trabajo, fundador de una radio comunitaria indígena, un centro de apoyo educativo y un comedor comunitario en el barrio donde se encuentra la comunidad. Asimismo, resaltó su experiencia compartida como CPI (2012-2015) y los procesos de reconocimiento de las personerías jurídicas y los relevamientos territoriales amparados en la ley 26.160 que contaron con el protagonismo técnico indígena pero que hoy ven restringido su respaldo legal a nivel nacional, dadas las definiciones de la actual dirección del INAI. Destacó la necesidad de fortalecer los vínculos con legisladores provinciales y nacionales en vista a las elecciones de 2019, para construir espacios de debate social y políticos con participación de los referentes territoriales indígenas. Los pueblos originarios de Santa Fé, y sus 73 organizaciones comunitarias, reclaman el reconocimiento formal de las mismas y alertan acerca del retroceso que viven en cuanto al acceso al DNI.

Isabel Araujo Pincén, del pueblo Mapuche-Tehuelche de la Provincia de Buenos Aires, expresó la preocupación por la falta de respeto por los modos y costumbres de los pueblos indígenas en los procesos de restitución de nuestros ancestros. Los pueblos indígenas habían logrado un protagonismo en los procesos de restitución, que hoy les fue arrebatado por la mediación de funcionarios y académicos, convirtiendo estas restituciones en un trámite que niega sus patrimonios intangibles y  su condición de seres humanos plenos.  “Faltan aún restituir muchos de nuestros antepasados, y de este modo liberarse de las colecciones-cárceles-fosas comunes que representan los museos y coleccionistas privados, para las que fueron secuestrados, muertos y vivos, hasta mediados del siglo XX.” Recordó que la primera experiencia de restitución en América Latina fue lograda por pueblo Mapuche Tehuelche de Argentina previo a un respaldo legislativo nacional. Señaló que en la provincia de Buenos Aires, las 30 comunidades emplazadas en espacios urbanos no cuentan con territorios ancestrales pero sí con la legislación que las respalda en el pedido de otras tierras aptas y suficientes expresado en la Constitución Nacional y hoy cada vez más limitado. Resaltó también que “es histórico que se nos abran las puertas de un espacio para el pensamiento y la acción como es el Instituto Patria dado que la experiencia de las dirigencias indígenas ha sido motor de propuestas legislativas, como las leyes 23.302, 26.160, 26.206, 26.331 y 26.737, aunque a la hora de la foto son otros los que aparecen como protagonistas.”

Ariel Cruz del pueblo Kolla de Jujuy, músico residente en Buenos Aires, resaltó la necesidad de promover espacios para el desarrollo de las expresiones artísticas de los pueblos indígenas que son generalmente limitadas por los procesos de apropiación de los patrimonios culturales por empresarios de la cultura quienes desconocen la autoría indígena y la diversidad de sus pueblos.

Octorina Zamora del pueblo Wichí de Salta, hizo hincapié en la necesidad de propuestas legislativas que respalden los derechos  logrados, como las pensiones por discapacidad, las jubilaciones que reconocen a los indígenas los años de trabajo informal ingenios, fincas y en las casas de quienes les niegan sus derechos laborales, amparados en los prejuicios, discriminaciones y racismos que aún son arraigados en nuestro país. Resaltó la necesidad de continuar concientizando que el neoliberalismo y la pérdida de derechos significa para las poblaciones indígenas un riesgo de vida concreto. Los asesinatos de Rafael Nahuel, Ismael Ramírez, Santiago Maldonado; los encarcelamientos de Milagro Sala y Facundo Jones Huala, y también Leonard Peltier en Estados Unidos, son los casos que se han hecho públicos, pero no son los únicos. La defensa de nuestros derechos nos lleva a la acción política y a definirnos públicamente en la construcción de una alternativa al neoliberalismo apoyando a Cristina.

A modo de cierre Octorina Zamora destacó las palabras de Dionisio Inca Yupanqui: “un pueblo que oprime a otro no puede ser libre” como lema para seguir en el camino por una patria plurinacional, libre y soberana.

También participaron de la reunión Diputado provincial Ramón Villa (FPV-Salta),  Pablo Perazzi Delegado de FEDUBA, María Paulos Delegada de INAI-ATE, Eugenia Morey, docente y antropóloga de la UBA junto a Juan Carlos Radovich, investigador de CONICET. Por parte de la Comisión de Inclusión y Desarrollo Social estuvieron presentes Laura Berardo, Betina Mateos, Paola Rezano y María Elena Jaime.