Pensiones por discapacidad. El ajuste más cruel

El gobierno de Macri vuelve a la carga en su intento de recortar las pensiones no contributivas a las personas con discapacidad.

Ya lo hicieron durante los años 2016 y 2017 dando de baja sin ningún tipo de procedimiento administrativo ni legal unas 170.000, y debieron dar marcha atrás –parcialmente- por las protestas de los afectados y de organismos específicos, pero sobre todo por una cautelar de la justicia que les ordenó rehabilitar las bajas de 2017 por no haberse respetado el derecho de las personas ni las normas que las amparan.

De todos modos lograron un primer objetivo de recorte ya que, según datos oficiales dados por el propio Jefe de Gabinete de Ministros Marcos Peña, en sus informes y visitas al Congreso de la Nación, del total de bajas 2017 sobre pensiones por discapacidad que ascendían a 93.179 sólo se rehabilitaron ante la orden judicial 43.150, es decir apenas la mitad.

El rechazo de la opinión pública al recorte sobre una población de alta vulnerabilidad social (se trata de personas con al menos un 76 % de discapacidad laborativa y sin recursos propios ni de familiares a cargo), obliga al gobierno a buscar mecanismos alternativos hacia idéntico objetivo: recortar pensiones para ajustar presupuesto.

Para ello construyen discursos y realidades falsas con el afán que la opinión pública justifique su accionar cruel y falto de sensibilidad humana.

NI EFICIENTES NI TRANSPARENTES: Son una máquina de impedir

Presentan el crecimiento de pensiones en la gestión del anterior gobierno (176.000 en 2003 a 1.000.000 en 2015) como un “festival de pensiones truchas”. Y falsean datos, o bien los inventan, porque ni siquiera han cumplido con la construcción de los indicadores de gestión aprobados ya hace años por la SIGEN y a los que están obligados como funcionarios públicos (esto reconocido por el propio Marcos Peña en sus informes ante el Congreso).

Lo que ocultan, entre otras cosas, es que a partir del gobierno de Cambiemos no se ha incrementado el número de pensiones que se pagan, debido no a controles inexistentes, sino porque se han dedicado a “cajonear” los expedientes de las personas que claman por su aprobación desde ya hace más de tres años de su gestión.

Tan es así que – recurriendo a los datos oficiales ofrecidos por Peña- reconocen al día 1° de setiembre de 2018 la cantidad de 162.101 trámites en circuito y sin resolución aún.

De esos expedientes-personas, se encuentran en el área de Auditoría Médica 59.762 para ser revisados y 43.547 en las áreas de Evaluación.

Se presentan como eficientes y transparentes en la gestión cuando en realidad son una máquina de impedir que los expedientes avancen. Dicen extremar los controles, sin embargo el único control que ejercen es el de evitar que las cientos de cajas de expedientes que inundan los pisos de la ahora Agencia Nacional de Discapacidad – ANDIS (ex CNPA), avancen hacia su aprobación o bien su denegatoria.

El proceso de agilización y resolución de trámites implementado particularmente a partir del año 2011 ha sido destruido por la actual gestión a pesar de la supuesta eficiencia que dicen los caracteriza. Es así que la resolución anual de trámites (otorgamientos y/o denegatorias) en relación a la cantidad de inicios de nuevas solicitudes es:

El cuadro permite apreciar que cada año a partir de 2012 disminuye la cantidad de nuevas solicitudes debido a que se fue logrando cubrir la demanda “vegetativa”, lo cual desmiente una supuesta política de “regalar pensiones como planes”.

Y permite observar, asimismo, que hasta el 2015 se registran mayor cantidad de resolución de trámites que inicios por año, lo cual posibilitó reducir los tiempos de espera de los ciudadanos y la acumulación de expedientes sin resolver, tanto sea por aprobación como por denegatoria.

Por el contrario, a partir de la gestión Macri, es clara la ineficiencia o la decisión política de volver a demorar las respuestas a los discapacitados que tramitan su posible derecho a una pensión.

Los años 2016/17/18 registran un total de 214.455 nuevas solicitudes de las cuales continúan sin resolución 51.355 (la mayoría de ellas con dos o incluso tres años de demora).

“POSGUERRA”: Otra falsedad

Algunos funcionarios y sus usinas repetidoras de cierto periodismo afirman livianamente que los porcentajes de pensiones por invalidez en relación a la población argentina verificada por el último Censo del 2010, sólo se compadecen si hubiera habido aquí una situación de “posguerra”.

Afirman que 1.042.945 de PNC por discapacidad vigentes a setiembre de 2018 son excesivas ya que esa cifra representa el 2,62 % de la población.

Sin embargo los datos oficiales del Censo 2010 revelan que el 12,9 % de la población argentina tiene una “dificultad o limitación permanente” (5.114.190 habitantes):

E incluso la propia e insospechada información que surge del relevamiento realizado por el actual INDEC en 2018 en el “Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad” (www.indec.gov.ar/ftp/cuadros/poblacion/estudio_discapacidad_07_18.pdf), indica que la prevalencia de población con dificultad mayor a 6 años de edad en poblaciones de 5.000 o más habitantes asciende a un 10, 2 % del total (o sea 3.571.983 personas):

CONTROL DE GESTION: Antes y ahora

También disimulan el objetivo del recorte presupuestario acordado con el FMI afirmando por ejemplo que en los doce años de la gestión anterior hubo falta absoluta de controles y que las pensiones funcionaban como un plan social repartido por punteros.

Los funcionarios actuales se presentan, como contrapartida, como quienes vienen a reparar este “gasto inútil”, a implementar mecanismos de mayor control y a dar de baja aquellas pensiones otorgadas a quienes no corresponde.

Nuevamente los datos concretos los contradicen. Y no los datos construidos por la anterior gestión, sino los que surgen de la información oficial de la flamante ANDIS y de Marcos Peña en sus informes.

Durante la anterior gestión se aprobaron las Disposiciones de la ex CNPA N° 4262/2012 y 465/2013 que obligaban a los funcionarios de turno a realizar periódicamente auditorías con el fin de controlar el correcto otorgamiento de pensiones.

Allí se realizaban muestreos que permitían hacer un seguimiento de la totalidad del proceso que conlleva la aprobación o denegatoria de un trámite iniciado por el ciudadano que solicita se reconozca su derecho a cobrar una pensión por invalidez.

Y también permitía controlar que el titular de una pensión no contributiva no incurriera de manera sobreviniente en alguna de las incompatibilidades establecidas por las normas, disponiendo la suspensión o baja del derecho al cobro.

Sin embargo, Marcos Peña el 14 de marzo del año pasado reconoció ante los legisladores nacionales que “…las auditorías del padrón y de apoderados se realizaron por última vez en 2014…”, no efectuándose ninguna durante la actual gestión.

Asimismo, la anterior gestión en el año 2014 aprobó bajo recomendación y control de la SIGEN la Disposición de la ex CNPA N° 2101 por la cual se estableció que los procesos de gestión de solicitudes de pensiones no contributivas deben ser monitoreados a través de una Metodología de Medición de Desempeño (información semanal-mensual-anual, de trámites iniciados, aprobados, denegados, suspensiones, bajas; tiempos de tramitación, motivos de bajas, etc.)

Todo ello se cumplió a rajatabla hasta que asumieron las nuevas autoridades de Cambiemos, quienes a pesar de declamarse rigurosos y eficientes, desconocieron sin motivo estas regulaciones que permiten controlar la gestión y a sus circunstanciales funcionarios. Recién en setiembre de 2018 y ante la insistencia de los pedidos de informes de los Diputados opositores, volvieron a dar algún tipo de información precisa al respecto.

¿No implica todo esto incumplimiento de los deberes de funcionario público?

PASARON YA TRES AÑOS: Y siguen hablando del pasado

Falta muy poco para que la actual gestión finalice su mandato de cuatro años.

Después de ya más de tres años de estar a cargo de la gestión, el control y los procedimientos de pensiones no contributivas, lo único nuevo que tienen para ofrecer son intentos de ajuste y más ajuste.

No sólo acumulan decenas de miles de trámites sin resolver; provocaron un escándalo que afectó a miles de ciudadanos al suspender o dar de baja su pensión sin justificación alguna para luego dar marcha atrás con la medida obligados por los medidas judiciales; cerraron las casi 70 oficinas especializadas de atención al público con la excusa de que ahora pueden tramitar a través de ANSES; alteraron la fórmula de movilidad para el cálculo de aumento de jubilaciones y pensiones para disminuir el ingreso; y ahora vuelven a la carga con el persistente esfuerzo por recortar y ajustar a los discapacitados que cobran un pensión.

No han presentado ni una sola denuncia en sede judicial que avale sus dichos, sin embargo afirman una vez más sin sustento ni veracidad que hay que revisar las pensiones otorgadas para dar de baja las que han sido mal otorgadas o no corresponden en la actualidad.

Han reconocido mediante su firma como funcionarios, durante cada mes de estos más de tres años que continuaron liquidando al pago las pensiones, el derecho de esos ciudadanos. Y ahora de manera negligente, sin ningún elemento nuevo que haya surgido en este tiempo, pretenden encontrar los “defectos” de esas mismas pensiones que han venido pagando.

Nuevamente es conveniente recurrir a la propia información oficial para develar la falta de veracidad de sus argumentos.

Nos dicen que antes no se controlaba lo suficiente y que ahora se “descubre” que hay personas que irregularmente cobran, o bien que siguen cobrando a pesar del fallecimiento de su titular, o bien que han pasado tres meses sin efectivizar su cobro y por ello no demuestran supervivencia.

Sin embargo veamos qué dicen las cifras comparativas informadas por Marcos peña respecto a los últimos tres años de cada gestión:

Puede observarse que en términos generales a diferencia de lo que ahora se plantea y reproduce mediáticamente, la anterior gestión controlaba y daba de baja ante la aparición de incompatibilidades o fallecimiento de las personas, y que nada nuevo ni mejor hacen los actuales funcionarios en este aspecto.

Sí es cierto, que la gestión Cambiemos ha modificado criterios para evaluar el grado de vulnerabilidad socio-económica de las personas, con el fin de negar trámites o provocar bajas al considerar que esas personas tienen “suficientes” ingresos como para no ser merecedores del derecho.

En este punto cabe aclarar que el monto de una pensión por invalidez, que presentan como un “privilegio” que el Estado no puede solventar,  asciende en la actualidad a apenas $ 7.200 con lo cual es apenas una ayuda para quien padece una dificultad que en la mayoría de los casos requiere medicamentos, prótesis, atención y acompañamiento, etc. y carece de ingresos  y de trabajo.

LO QUE SE VIENE: De mal en peor

El flamante mecanismo que han ideado para dar de baja pensiones en vigencia, consiste en solicitar a los titulares del derecho una “actualización” de datos en plazos perentorios, y lo que es peor, van a exigir la presentación de un nuevo Certificado Médico Obligatorio (CMO), ahora en formato y con firma digital, en reemplazo del que consta en su expediente y que acreditó su grado de discapacidad oportunamente.

O sea, van a poner en cuestionamiento la validez de un instrumento público por el cual el Estado reconoció un derecho de carácter vitalicio, con el objetivo –una vez más- de intentar anular pensiones para achicar lo que consideran un “gasto inútil”.

Presentan esta nueva iniciativa como un avance en materia de seguridad a fines de evitar falsificaciones de documentación y mejor control de los agentes intervinientes.

Será todo lo contrario. Basta explicar cómo funciona hasta ahora el trámite de una pensión y cómo va a funcionar en adelante.

Desde la aprobación de la Ley 18.910 en el año 1972 y el Decreto 432 del año 1997 regulatorios de las pensiones por invalidez, el certificado CMO era un formulario en papel simple que podía prestarse a copias y/o alteraciones.

En el año 2010 por iniciativa de las autoridades del gobierno de entonces, se instituyó el nuevo CMO impreso con lo que se denomina “sello de agua”, que no es otra cosa que el mecanismo de seguridad traslúcido como el que cuentan los billetes en todo el mundo; y con un código de barras único con numeración correlativa, irrepetible y no fotocopiable, lo que lo hace imposible su reproducción o falsificación, y que permite su lectura mediante simples lectoras a fin de tener registrados todos los pasos de su trazabilidad.

Y se solicitó el reemplazo de los viejos CMO por este nuevo formato en los expedientes mas antiguos a fines de verificar la no existencia de ninguna irregularidad.

Al mismo tiempo se incorporó en la ex CNPA un programa informático por el cual puede verse en un “tablero de comando” desde cualquier computadora habilitada cada expediente -debidamente codificado en su carátula- y cada CMO en trámite. Esto aumentó significativamente los controles y permitió reducir los tiempos de tramitación, permitiendo ubicar en tiempo real cada expediente, la oficina en que se ubica y el tiempo de demora en cada una de ellas.

También durante los años 2011 al 2015, se desarrolló un proceso de digitalización de todos los expedientes de pensiones, tanto los “históricos” ya archivados como los que se encontraban en proceso. Esto significó digitalizar, en convenio con universidades nacionales, unos 2.500.000 expedientes con su documentación completa.

El objetivo era poder traer a la pantalla en apenas segundos, la foto de cada expediente y todo su contenido, incluyendo el CMO, lo cual permite verificar en cualquier momento la documentación completa.

Todo esto que se relata desmiente que exista actualmente la necesidad de “actualizar” o reconsiderar trámites ya aprobados oportunamente. Es probable incluso, que detrás de este novedoso CMO con firma digital que ahora se propone, exista en realidad un negocio con la empresa de algún conocido.

¿ASOCIACION ILICITA?

Para finalizar y desmentir tanta falacia y acusación sobre supuestas pensiones “truchas”, reparto indiscriminado de pensiones, carencia de controles en la gestión anterior, aprobación de pensiones a quien no tiene una discapacidad, etc., basta describir cómo es el trámite para acceder a una de estas pensiones.

Los pasos son los siguientes: la persona interesada o su representante legal en caso de imposibilidad, debe requerir en una oficina del Estado el formulario de CMO (con sello de agua y código de barras único) a fin de certificar su discapacidad y el grado de la misma.

Para ello debe concurrir a un médico de establecimiento público nacional, provincial o de municipios (hospital o sala), que le avale y complete con su firma y bajo responsabilidad profesional el diagnóstico de la persona y el grado de discapacidad en el CMO.

Además de la firma del médico, debe también firmar bajo su responsabilidad el Director del Hospital o establecimiento público confirmando la veracidad de lo evaluado.

Con ese CMO se inicia el trámite de solicitud. Debe inmediatamente la persona justificar su situación socio-económica-ambiental que amerite la pensión debido a su falta de ingresos suficientes tanto propios como de su grupo familiar conviviente.

Pero no basta con ello, ya que un Trabajador Social del Estado debe concurrir al domicilio a verificar la veracidad de los dichos y de la documentación presentada. También con su firma y bajo responsabilidad profesional, deberá emitir un informe por escrito dando cuenta de todo lo que observe entrevistando a la persona, su familia e incluso sus vecinos.

Recién a partir de allí el trámite avanza en etapas hacia dos oficinas. Es evaluado por auditores médicos y por equipos de evaluadores del Estado que deben revisar y aprobar o denegar el derecho solicitado.

Recién allí y una vez cumplido todo este procedimiento, pasa el expediente para la firma de las funcionarios que resuelven el otorgamiento o su denegatoria.

Como puede observarse, intervienen médicos, directores de hospitales, profesionales del Trabajo Social, equipos de auditores médicos y evaluadores, para recién allí estar en condiciones de intervenir el funcionario de turno.

Haría falta un extendido y dificultoso acuerdo entre toda esta innumerable cantidad de  profesionales y agentes distribuidos en diversos rincones de las ciudades y pueblos de la Argentina para haber podido falsificar el millón de pensiones iniciados por las personas que también serían cómplices de esta defraudación al Estado. Un absurdo que no resiste el menor análisis.

Este nuevo invento de un CMO con firma digital que pretenden implementar, lo único que va a lograr y que en definitiva es el objetivo perseguido, será hacer casi imposible la obtención de una pensión.

Basta pensar la dificultad de los médicos de los pueblos para poder ingresar por internet a cargar un formulario y además firmarlo digitalmente sin contar con el aparato especial que se requiere para ello; todo eso en lugares donde no hay siquiera gasas, algodón o un medicamento básico.

Le piden perversamente a una persona con discapacidad, que resuelva algo que no está a su alcance, ni al alcance de los médicos en pueblos y provincias, y que sólo se le puede ocurrir a un funcionario sentado en un sillón de su despacho en una oficina de Capital Federal. Un funcionario que probablemente nunca tuvo la necesidad de ir a un hospital público porque está demasiado acostumbrado a su función de CEO.

El Estado no es una empresa y las personas no son números,  ni las personas discapacitadas material de descarte social.

Por: Eugenio Reati (ex Director Nacional de CNPA 2011-2015. Integrante de la Comisión de Inclusión y Desarrollo Social del Instituto Patria)