El 1 de marzo, por iniciativa del Ejecutivo Nacional e incluso anunciado por el Presidente Macri en su discurso de apertura de las Sesiones Legislativas 2019, ingreso a la Cámara de Diputados de la Nación el Proyecto de Ley tendiente a modificar el Régimen Penal de la Minoridad y crear el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil  que básicamente propone, montado en un montón de falacias, bajar la edad de punibilidad a 15 años para adolescentes de todo el país. Nuevamente,  desde el gobierno de Macri y Bullrich  vuelven a instalar un falso debate para intentar desviar la atención pública de los graves problemas que atravesamos como sociedad.

Ante la crisis económica y social en la que nos han sumergido a partir de diciembre del 2015 la principal respuesta de los funcionarios de Cambiemos es culpabilizar a los más vulnerables: a los niños, niñas y adolescentes, demostrando la cobardía e irresponsabilidad del gobierno.

El proyecto de Ley enviado al Congreso Nacional fue rechazado por la mayoría de los especialistas en la ronda consultas convocadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación como las emitidas por el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas (ONU),  por UNICEF Argentina y por el Concejo Federal de Defensores y Asesores Generales. También por numerosas organizaciones sociales, políticas, sindicales, de derechos humanos y de la iglesia. La Red Argentina No Baja convoco a una masiva movilización en febrero en la puerta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para expresarse en contra del proyecto, de la cual participamos como Comisión de Inclusión y Desarrollo Social.

El proyecto es inconstitucional porque viola el principio de no regresividad, que implica que no se puede retroceder en un derecho. Como bien los expresan las organizaciones nucleadas en la Red Argentina No Baja “…En el caso de la edad de punibilidad, que fue establecida en 16 años por el gobierno peronista en 1954, reducida a 14 años durante la última dictadura cívico-militar y vuelta a establecer en 16 años a poco de retornar al sistema democrático. Volver a bajarla sería afectar los derechos adquiridos de la franja de adolescentes de 14 y 15 años “

Ya sabemos, que el planteo la Baja de la Edad de Punibilidad es la demagogia punitiva que los sectores conservadores y de la derecha instalan en cada año electoral para tratar de reunir un voto más. Por esto reafirmamos que es falso el eje que re establece el gobierno como respuesta ante la brutal crisis económica que los argentinos y las argentinas estamos padeciendo.  Los sondeos de opinión durante el 2018^[1] plantean que las principales preocupaciones son la inflación, la desocupación, la pobreza y recién en cuarto lugar la inseguridad.

Por otro lado es falaz que la baja de edad de punibilidad resuelve los problemas de inseguridad, pues es mínima la cantidad de niños, niñas, jóvenes menores de 15 años de edad que comenten delitos graves^[1]. La respuesta punitiva en la edad de desarrollo empeora las relaciones de exclusión, estigmatización y violencia con la sociedad; no socializa, ni educa.

La responsabilidad del Estado para con los adolescentes en conflicto con la ley es, a través de sus dispositivos especializados, cumplir con la finalidad de la justicia penal juvenil que marcan los tratados internacionales con jerarquía constitucional, es decir, un sistema penal especializado, orientado a lograr la responsabilización del adolescente respecto del conflicto penal antes que al castigo de la transgresión como un fin en sí mismo; promoviendo su inclusión social a través de políticas públicas y la contención familiar y comunitaria. Es garantizarles la educación pública y gratuita de calidad, el acceso a la salud pública, a la alimentación y a la recreación. No recortar el presupuesto de la Secretaria Nacional de  Niñez, Adolescencia y Familia para reasignar partidas al Ministerio de Seguridad como sucedió por decreto durante el 2018^[2], o sub ejecutar en un 50% los presupuestos del área para justificar recortes de más el 60 % en el presupuesto 2019^[3]

Estos destructivos debates públicos que instala la alianza Cambiemos al inicio de un año electoral, ya son una estrategia repetida para buscar desviar la atención de la sociedad y construir falsas causas sobre  de los grandes problemas que el mismo gobierno provocó en la Argentina durante estos 3 años: Incremento de la desigualdad social, vulnerabilidad en las familias con la pérdida de fuentes de trabajo^[4], incremento de la pobreza en la población, crecimiento de la pobreza infantil en los últimos años superando el 48% según Unicef, el 33, 8 % de niñas y niños que debe asistir a un comedor escolar o barrial para alimentarse según UCA.

Instalando  estos ejes punitivistas buscan ocultar el gran robo que significa el endeudamiento externo a 100 años y la  fuga de divisas que  durante el 2018 fue de 25mil millones de dólares por parte de los más ricos, financiada por el mismo endeudamiento.

La realidad es que lo que provoca violencia social es el modelo neoliberal de exclusión, empobrecimiento y saqueo por parte de los grupos económicos y sus aliados en el gobierno. No los Niños, Niñas y Jóvenes.

Quienes tenemos la responsabilidad de proteger el Estado de Derecho, la Democracia y a nuestros Niños Niñas y Jóvenes, o sea, nuestro presente y futuro, taxativamente debemos rechazar estas propuestas en políticas de Estado, dar debate en el seno de la sociedad para disipar confusiones, defender decididamente el respeto de los derechos humanos y recuperar en este 2019 un Gobierno Nacional Popular Democrático que garantice la Vida y la Libertad.

Además de la denunciada baja de la edad mínima de responsabilidad penal, el proyecto oficial tiene contenidos en los que no solo no mejora la legislación vigente, sino que empeora la norma de la dictadura (Decreto Ley nº 22.278), a saber:

•  Amplía peligrosamente las facultades policiales (art. 12º): Prevee que la policía puede mantener detenido un adolescente hasta 48 hs. sin presentarlo ante el juez. Esas largas permanencias en sede policial sin intervención judicial suelen ser propicias para las peores prácticas de abusos, vejaciones y torturas policiales.
•  Se posibilita la aplicación de penas exorbitantes (art. 50/52º): En la Convencion sobre los Drechos del Niño la privación de libertad se prevé como una solución extrema y por el periodo lo más breve posible. El proyecto propone poder aplicar penas de hasta 15 años de prisión a adolescentes de 15 años y de hasta 50 años a adolescentes de 16 o 17 años. De este modo se aplicarían las mismas penas que se pueden aplicar a las y los adultos. No se contempla ni la especialidad en las sanciones, ni la culpabilidad atenuada ni el principio de proporcionalidad.
•  El juez penal de menores o juez penal juvenil es dotado de facultades similares a las antiguas medidas tutelares (art. 85/89º): Aun cuando el adolescente haya sido declarado no punible, se faculta al juez o fiscal penal a continuar interviniendo en el proceso e incluso a dar directivas a organismos administrativos de protección de derechos. Esas intromisiones del sistema penal en actuaciones que tienden a restaurar derechos vulnerados, ya habían sido derogadas por la Ley 26.061 de Protección de Derechos. Se vuelven a confundir facultades de índole penal o procesal penal con intervenciones de restitución de derechos.
•  Reorientación del gasto público en infancia hacia la punición (arts. 88/93º): Mientras se recortan los presupuestos para las áreas de protección de la infancia y los organismos locales y provinciales de protección de derechos se encuentran en una emergencia extrema, la ley obliga a crear nuevas institucionalidades para hacer más eficaz la persecución penal. Ello supone claramente un futuro desplazamiento del ya menguado gasto social para la niñez hacia un incrementado gasto penal.
• ✓                   Muy particular puesta en vigencia (art. 99º): Una rápida entrada en vigencia de la baja de edad de punibilidad (60 días a partir  de la publicación de la ley) y un plazo de 7 años para implementar los contenidos que aparecen como más favorables a los derechos de los adolescentes –que los centros de privación de libertad no sean policiales o carcelarios-, conforme lo determine una comisión de 4 ministerios del poder ejecutivo nacional.

                Por todo esto desde la Comisión de Inclusión y Desarrollo Social del Instituto Patria rechazamos el proyecto de Ley de Régimen Penal Juvenil enviado por el Ejecutivo Nacional al Congreso y nos movilizamos junto a las redes construidas y las organizaciones que luchan por los derechos de la infancia.

Socializamos y ponemos a disposición para ser replicado en otros distritos del país,  el proyecto de comunicación dirigido al Presidente Macri, a los Presidentes de cada bloque político de la Cámara y al Ministro de Justicia y DDHH Garavano rechazando el Proyecto de Ley presentado el 1 de marzo de baja de edad de punibilidad. El mismo fue presentado en el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora a través de la concejal Laura Berardo del bloque PJ-UC y  aprobado en la primera sesión ordinaria del 2019.

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^[1] Según datos del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires[3] , en 2016 menos del 4% de los delitos investigados por fiscalía involucraron a adolescentes menores de 18 años (3,44%). Este porcentaje se mantiene estable desde 2009 https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/files/2019-01/6_Posicionamiento-Justicia-Penal-Juvenil_1.pdf

^[2]/www.institutopatria.com.ar/no-al-ajuste-en-politicas-publicas-destinadas-a-la-ninez-adolescencia-y-familia/

^[3]https://www.institutopatria.com.ar/reunion-con-diputados-y-diputadas-nacionales-ante-el-ajuste-en-ninez-en-el-presupuesto-2019/

^[4] Se perdieron 120000 empleos registrados durante el año 2018 según datos de la secretaria de Trabajo y Empleo de la Naciónpublicaos el 26/12/18

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^[1]https://www.ipsos.com/es-ar/principales-problemas-de-argentina