La «negociación colectiva» permite convenir las condiciones de trabajo y de empleo, de común acuerdo entre empleadores/as y trabajadores/as. Brinda a los y las trabajadores y trabajadoras un medio para defender sus intereses, para mejorar sus condiciones de trabajo y su nivel de vida.

Es también una herramienta que facilita la relación entre las partes y amortigua los potenciales conflictos laborales. Sirve tanto para arribar a un acuerdo de partes como para evitar o resolver un conflicto entre las mismas.

Los rasgos centrales del modelo de negociación colectiva se mantienen inalterados desde mediados del siglo pasado, aunque en varias oportunidades estuvieron sujetos a intentos de modificación por iniciativas de gobiernos con orientación de libre mercado.

Los pilares fundamentales de la negociación colectiva que se han mantenido a través del tiempo son:

  1. el monopolio de representación, que recae sobre el sindicato mayoritario de cada rama de actividad;
  2. los efectos de los contenidos pactados, que se extienden al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de cada actividad;
  3. la ultraactividad de los convenios, por la que las cláusulas pactadas continúan estando vigentes aún después de concluido el plazo estipulado por las partes, hasta que puedan ser reemplazadas por un nuevo Convenio Colectivo (lo que evita la desprotección del trabajador entre convenio y convenio).

El modelo de negociación colectiva argentino configura un sistema centralizado en grandes unidades de negociación por rama de actividad, lo que asegura una amplia cobertura sobre el empleo asalariado registrado del sector privado.

Hace algunos años, con características algo diferentes en cuanto a la representatividad y la conformación de las comisiones negociadoras, también negocian colectivamente los empleados del Estado, cuyo primer Convenio Colectivo General para la Administración Publica Nacional fue homologado en 1999 y el segundo, aún vigente, en el año 2006.

El gobierno de Cambiemos al negociar un préstamo condicionado con el Fondo Monetario Internacional, hizo algunos intentos sin éxito de llevar a cabo una reforma laboral que pretendía entre otras cosas modificar algunas de las instituciones de la negociación colectiva.

El hecho de que esta reforma no haya podido llevarse a cabo tiene mucha importancia para las entidades sindicales y los trabajadores, ya que las principales instituciones de la negociación colectiva  continuaron funcionando de acuerdo a los mecanismos vigentes desde hace más de 50 años.

El Gobierno de Cambiemos, si bien influyó en los resultados de la negociación colectiva solamente pudo hacerlo de manera indirecta, como resultado de las políticas neoliberales implementadas y también a través de algunas acciones específicas de la gestión de sus funcionarios. Los principales mecanismos utilizados fueron los siguientes:

  1. El Gobierno Nacional establecía una meta inflacionaria para el año siguiente a la negociación y a partir de ese hecho se presionaba a los sindicatos para que negociaran con esa pauta como techo del incremento salarial solicitado. Los sindicatos más fuertes previendo que la inflación superaría la meta establecida pudieron incorporar a los acuerdos logrados las cláusulas denominadas “gatillo” que permitían un reajuste del incremento una vez comprobada la superación de la pauta inflacionaria. Otros, los más débiles o más comprometidos con el gobierno por diferentes razones, no pudieron valerse de esa protección.
  2. Se modificaron mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia los mecanismos vigentes para la distribución de fondos de las Obras Sociales de los Sindicatos, lo que otorgó (según lo expresado por Chequeado.com) mayor discrecionalidad al Poder Ejecutivo Nacional, convirtiéndose en un nuevo factor de presión.
  3. La baja permanente durante los cuatro años de macrismo del poder adquisitivo de la población producto de las políticas neoliberales aplicadas. Entre ellas la modificación del cálculo para el incremento de las jubilaciones que llevo a perder poder adquisitivo a los jubilados, el aumento de los precios de los medicamentos y de los alimentos, conjuntamente con la apertura a las importaciones (indiscriminada en varias ramas de actividad)
  4. Todo ello llevo a la disminución de la demanda de productos provocando despidos tanto en el sector privado como en el propio sector público y la aparición de programas de retiro voluntario. Se incrementó la tasa de desempleo, después de varios años alcanzo nuevamente los dos dígitos.
  5. El aumento tanto en términos absolutos como relativos del trabajo no registrado, que fue tolerado entre otras cosas con la  disminución drástica de las actividades de inspección del Ministerio (hoy Secretaría) de Trabajo de la Nación y de los  diferentes ministerios, secretarias o direcciones de trabajo provinciales, cada día menos dispuestas a complementar y compartir esa actividad incorporando a las entidades gremiales de cada actividad económica en las mismas.
  6. La aparición de nuevas formas de contratación a través de plataformas que no consideran la relación laboral con los/las trabajadores que contratan, ya que lo hacen a través de la figura del monotributo no reconociendo la existencia de relación de dependencia, dejando a estos/estas trabajadores sin los derechos elementales de una persona que trabaja y fuera del alcance de la negociación colectiva.
  7. Los Convenios Colectivos de Trabajo requieren, para que su vigencia sea universalmente reconocida, de la “homologación” por parte del Ministerio (hoy Secretaría) de Trabajo: este trámite homologatorio fue sistemáticamente demorado, sobre todo si el convenio en cuestión no cumplía con las pautas promovidas por el Poder Ejecutivo. Al no contar con la homologación su vigencia y aplicación pasó a depender de la voluntad del empleador. Cuando el Sindicato perjudicado llevo su demanda a juicio, se presionó a los jueces o por último se permitió la vigencia del convenio, pero con un retraso tal que sus efectos ya no eran los mismos.

Como se dijo, a pesar de las presiones de los capitales nacionales y trasnacionales y de la orientación del gobierno hacia el libre mercado, se mantuvo la estabilidad de las instituciones laborales relacionadas con las entidades sindicales y la negociación colectiva.

Sin embargo las políticas desarrolladas no dejaron de provocar una creciente dualización del sistema de relaciones laborales. Las instituciones laborales no sufrieron modificaciones sustantivas, pero se fragmentó el mercado de trabajo sobre el cuál operan.

Simultáneamente al cada vez menor poder adquisitivo de la población en general y a la gradual disminución de la población asalariada, fue creciendo un colectivo de trabajadores y trabajadoras que trabajan en condiciones de fragilidad laboral.

Unos a través de las nuevas plataformas, en relaciones que son legales aunque no suficientemente reglamentadas, pero que los dejan fuera de los beneficios aportados por las instituciones laborales, otros y otras que son incorporados en relación de dependencia no registrada formalmente con lo que los beneficios de los convenios colectivos de trabajo quedan supeditados a la voluntad del empleador.

Una relación laboral no formalmente registrada se presenta muchas veces como una ventaja para ambas partes debido a que el empleador no hace los aportes correspondientes y puede pagar un mayor monto al trabajador en cada quincena. En la práctica permite la evasión impositiva del empleador, pero la mayor parte de las veces no respeta las ventajas del convenio colectivo vigente para los trabajadores y las trabajadoras

En los cuatro años pasados se advierte un importante deterioro de los efectos de la negociación colectiva sobre el conjunto de los trabajadores, sobre todo si lo comparamos con los doce años de gobiernos kirchneristas.

Durante la década de los años 90 y hasta el año 2002, se homologaron entre 200 y 300 convenios colectivos por año, durante los doce años de gestión del Ministro Carlos Tomada, a través de una permanente actividad proactiva del Ministerio de Trabajo, la cantidad de convenios homologados fue creciendo hasta superar los 2.000 en el año 2010 y manteniendo gran volumen hasta 2015 año en el que se homologaron unos 1850 convenios colectivos.

Durante los años de Cambiemos fue disminuyendo esa cantidad hasta reducirse a menos de 1400 en 2018 y prácticamente paralizarse la homologación durante el primer semestre de 2019, con lo cual se espera una cifra mucho menor para el presente año.

A pesar de todo durante el gobierno de la Alianza Cambiemos no fueron modificados los tres pilares del modelo de negociación colectiva, con lo que es posible mantener el optimismo en pos de recuperar su plena vigencia, efectos y beneficios para los trabajadores y trabajadoras de las diferentes ramas de actividad. También será necesario el incremento de la inspección que impida que siga creciendo el trabajo no registrado y el encuadramiento de las nuevas plataformas de manera que permita a los trabajadores y trabajadoras involucrados gozar de los mismos derechos que el resto.

Eduardo Bermúdez

16 de septiembre 2019