La corrupción y la banalización del Ambiente por el neoliberalismo. El caso ACUMAR

Una manera exitosa de corromper el Estado es dejar latente la idea de su “aparente” inacción en diversos campos, y ¿cuál es el objetivo de esa posverdad?: esconder la verdadera acción, la de destruir toda herramienta de gestión del Estado, y mostrar logros que son el resultado de años de planificación y avance como si fueran méritos propios de un presente inmediato. Si revisamos la situación de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), que es el organismo público de máxima autoridad en materia ambiental de la región Metropolitana, y excepcionalmente funciona como ente autónomo, autárquico e interjurisdiccional en 3 escalas del Estado: nacional, provincial y municipal luego de diez años desde su creación [1], encontramos que un número significativo de medidas tomadas por el actual gobierno, ponen en riesgo la continuidad de algunos objetivos logrados desde el inicio. En los informes de avance de los indicadores del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), se pueden observar diversos signos de mejora y recuperación. Esto fue producto del esfuerzo por llevar adelante un plan que por primera vez involucró la gestión de cuencas hidrográficas, con todas las dificultades que eso presentó para elaborar políticas públicas que fueran eficientes para la intervención en el territorio con la diversidad y complejidad que presenta la región.

El PISA definió las líneas de trabajo a seguir en la acción coordinada de la Nación y las distintas jurisdicciones de la Cuenca. Estas acciones fueron implementadas y mostraron avances en diversos aspectos de la situación socioambiental y la calidad de vida de sus habitantes. Para mencionar un ejemplo significativo, se logró la incorporación de más de un millón de personas a las redes de provisión de agua potable y servicios cloacales desde el inicio del proceso [2].

En el año 2010 comenzó la gestión y construcción del Sistema Riachuelo, entre cuyos logros podemos nombrar la mayor ampliación de la red cloacal del área metropolitana desde su creación; la ejecución de programas relacionados con el monitoreo de la calidad del agua del río, su flora y su fauna; la formación de un cuerpo de inspectores dedicados a supervisar la actividad de los establecimientos industriales y comerciales de la Cuenca; la recuperación del espacio público mediante la liberación y limpieza del camino de sirga; la atención sanitaria y social de la población en riesgo; la construcción de vivienda social; relocalización y seguimiento de familias, entre otros.

Cuando accedemos a la información pública ambiental sobre los avances de la última gestión de gobierno, lo que encontramos es que se han tomado decisiones que van en contra del espíritu y los objetivos asumidos por ACUMAR: la acción coordinada de las distintas escalas del Estado para abordar la Cuenca como un territorio integrado. Si tomamos el ejemplo de las políticas de salud, el relevamiento de las actividades relacionadas con el Plan Sanitario de Emergencias presentado por la Fundación Soberanía Sanitaria [3] marca esta tendencia: en el año 2016, se realizó solo el 30% de los operativos llevados a cabo durante el año 2015 y las prestaciones se redujeron en un 61,9%, cuyo impacto es una caída del 60,2% sobre el total de las personas atendidas.

Lo que está ocurriendo con el Plan Sanitario de Emergencias no es una excepción dentro de las nuevas concepciones que subyacen en la gestión de ACUMAR, como ya se ha dicho, es la “aparente” inacción la que disfraza la sopesada decisión política del actual gobierno para que el Estado no cumpla con su misión, que en nuestro caso de estudio, es la de sanear la cuenca y así mejorar la calidad de vida de millones de personas, preservando el derecho de las generaciones actuales y futuras a vivir en un ambiente sano.

Desde la administración del Organismo los hechos tampoco muestran mejores resultados: en un año y medio de gobierno ya hubo cinco cambios de autoridades en ACUMAR; así pasaron por la Presidencia el arquitecto Amílcar López, quien renunció en febrero de 2016 disgustado por no poder conformar un equipo de trabajo propio, a quien sucedió el Ministro de Ambiente, Sergio Bergman, por un lapso de tiempo aún más breve. Entre abril y diciembre de 2016 ocupó el cargo el Ingeniero Julio Torti, quien también supo renunciar poco después de la Audiencia Pública en la Corte Suprema de la que no salió bien parado. El 12 de enero de este año se designó a la Lic. Gladys González como Presidenta de ACUMAR (Decreto N° 28/2017). La funcionaria que debió renunciar a su banca de diputada, ostenta un frondoso prontuario en su paso por la función pública y como interventora del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SoMu), a tal punto que incluso fue denunciada por miembros de su propio partido[4]. Entrada la carrera electoral, la Lic. González vuelve a renunciar a otro cargo para postularse como Senadora por la Provincia de Buenos Aires. Actualmente Gladys González compite con Jorge Taiana por el tercer escaño, sería curioso preguntarnos por qué las cosas serían diferentes si la Lic. González accediera al Senado de la Nación…

En octubre de 2017, la actual presidenta de ACUMAR es la Lic. Dorina Bonetti, quien asume el cargo propuesta por González en un ascenso de posiciones dentro del mismo Organismo. Por su lado, Bonetti continúa con la tradición de incumplir los objetivos de abordaje de saneamiento de la Cuenca como un territorio integrado, hecho que quedó demostrado en la inauguración de la obra de restauración del emblemático transbordador que uniría el barrio de La Boca (CABA) con la Isla Maciel (Avellaneda), obra realizada en un 80% durante el gobierno de Cristina Kirchner, y cuyo acto fue reservado casi exclusivamente para la Ciudad de Buenos Aires, con la evidente mayor presencia de Prefectura en el lugar del Pueblo [5]. El Transbordador llegó simbólicamente hasta la mitad del río y regresó sin alcanzar la Isla, otra vez puentes que no unen.

Como miembros de la Comisión de Ambiente del Instituto Patria queremos destacar el velado menoscabo de la importancia que tuvo y tiene la existencia de ACUMAR, que no solo se traduce en su desprestigio y la falsa memoria colectiva, sino que irremediablemente se transforma en peores condiciones de hábitat y dignidad para las personas que viven en el territorio de la Cuenca. En la nueva gestión, ya no se le puede echar la culpa a la anterior, porque fueron cinco autoridades seleccionadas por el propio gobierno y cuya responsabilidad recae exclusivamente sobre cada uno. La Lic. González también es responsable, por eso no permitamos que a través de nuestro voto quienes formen parte de la corrupción estructural o la banalización de las políticas de Estado en el campo ambiental, sean premiados accediendo a una banca en el Senado de la Nación.

[1] Ley Nacional 26.168 – LEY DE LA CUENCA MATANZA RIACHUELO, sancionada el 15 de noviembre de 2006 y promulgada el 4 de diciembre de 2006.

[2] http://www.acumar.gov.ar/indicadores/lista-completa

[3] “ACUMAR: retroceder en el cuidado de la salud y el ambiente”. Fundación Soberanía Sanitaria. 26 de junio de 2017.

[4] http://www.agenciapacourondo.com.ar/elecciones-2017/gladys-gonzalez-las-causas-de-la-coleccionista-de-denuncias-penales
[5] http://www.infobaires24.com.ar/inauguracion-del-transbordador-la-boca-una-mentira-mas-cambiemos/