Desde la comisión de integración regional y asuntos internacionales del Instituto Patria repudiamos la ilegal adjudicación de concesiones de exploración de petróleo offshore en el Mar Argentino por parte del gobierno de Mauricio Macri a la empresa Tullow, que realizó actividades de exploración en la Cuenca Malvinas con concesiones ilegales del gobierno ilegítimo de Malvinas; y la empresa Equinor, que tiene en su directorio a la anterior presidenta de Tullow, implicada en las acciones ilegales de esa empresa en el Mar Argentino.

En primer lugar, estas concesiones implican una violación a nuestra Constitución Nacional, ya que ponen en riesgo la legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, colaborando con los intereses económicos y geopolíticos británicos en Malvinas y, por lo tanto, en el Atlántico Sur y la Antártida Argentina. Por otro lado, se pone en riesgo el ecosistema y la fauna del Mar Argentino ya que no se conocen estudios de impacto ambiental sobre la exploración y posterior explotación de hidrocarburos en la zona. En tercera instancia, hay una peligrosa opacidad en las licitaciones, ya que se conocerán las empresas ganadoras de la licitación cuando ya estén adjudicadas las áreas. Por último, la cesión de soberanía no sólo es a Gran Bretaña, sino que el gobierno de Mauricio Macri ha establecido una prórroga de jurisdicción a favor de tribunales internacionales ante un posible arbitraje con las empresas que exploren y exploten hidrocarburos en el Mar Argentino.

La acción del gobierno de Cambiemos implica una clara colaboración con los intereses británicos en el Atlántico Sur y una constante política de desmalvinización. En este sentido, el martes 13 de septiembre de 2016 reconstituyeron el “paraguas de soberanía” funcional a los intereses británicos, mediante el Comunicado Conjunto Foradori-Duncan firmado en Buenos Aires entre la República Argentina y el Reino Unido. El comunicado tiene como fin «adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos». En ese marco se otorgó seguridad jurídico-política a las empresas británicas para la exploración de hidrocarburos sobre la Plataforma Continental Argentina.

Desde la comisión de integración regional y asuntos internacionales del Instituto Patria apoyamos las presentaciones judiciales adoptadas por la Gobernadora de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Rosana Bertone, como el recurso de amparo colectivo presentado por representantes de sectores sindicales privados y estatales, combatientes de Malvinas, concejales y referentes de distintos sectores sociales y gremiales, que acompañaron la firma del intendente de Río Grande, Gustavo Melella, contra el decreto 872/2018 de la Secretaría de Energía que convoca a las licitaciones ilegales para la exploración offshore. Promovemos que se realicen este tipo de acciones en todos los sectores de la ciudadanía, así como en los ámbitos de representación en el poder legislativo, ejecutivo y judicial, ya que permitir que avancen sobre nuestros recursos agrede la soberanía nacional.

Una vez más declaramos imprescriptibles los derechos soberanos sobre Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, siendo esta no sólo una causa argentina y latinoamericana, sino como planteó la compañera y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner una causa universal en contra del colonialismo. Cualquiera que colabore con los intereses económicos y geopolíticos de la potencia ocupante de nuestro territorio está traicionando a la Patria.

Comisión de integración regional y asuntos internacionales del Instituto Patria