28 años pasaron desde que las Naciones Unidas, mediante la Resolución 47/3, proclamara el día 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a fin de “promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.”
En nuestro país, el Congreso de la Nación declaraba esa misma fecha como Día Nacional de las Personas con Discapacidad mediante la Ley 25.346, cuyo propósito es divulgar las normas que amparan a las personas con discapacidad, especificando los derechos y sosteniendo su cumplimiento por parte de los involucrados directos en proporcionarlos y del conjunto de la sociedad en exigirlos; fortalecer las acciones tendientes a establecer principios de igualdad de oportunidades superando las desigualdades que, en cualquier orden y ámbito, constituyen dificultades para las personas con discapacidad, y fomentar conductas responsables y solidarias para recrear una sociedad que incluya y posibilite el logro de los derechos universales para todas las personas con discapacidad.


Para el año 2020, el tema que se propone desde Naciones Unidas es «Reconstruir mejor: hacia un mundo inclusivo, accesible y sostenible después del COVID-19 por, para y con las personas con discapacidad».
En esa línea, desde la Comisión de Discapacidad del Instituto Patria destacamos la relevancia de incluir la perspectiva de la discapacidad en todas las respuestas que se tomen por el COVID-19. La situación de pandemia mostró en el mundo la enormes desigualdades en las que aún viven las personas con discapacidad: sin acceso y sin apoyo a la educación inclusiva, al trabajo, a la salud, a la rehabilitación, a la seguridad social, a la movilidad personal, entre otras. Múltiples barreras que aún persisten y que profundizan la desigualdad, vulnerando la dignidad humana.


De allí la importancia de un gobierno democrático, nacional y popular que supere el abandono que produjo el neoliberalismo. Un neoliberalismo que, en lugar derribar barreras, las construyó y quitó las pensiones, desplegando un manto de sospecha sobre las personas con discapacidad y limitando la posibilidad de acceder al goce de sus derechos. Así, se negó el acceso a prestaciones básicas reconocidas por la ley 24.901 referidas a la salud, la rehabilitación, el transporte, la educación, los apoyos, la formación laboral y la contención.
“Reconstruir mejor” será continuar en el cumplimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque es el único camino para reparar la desigualdad en la que viven los ciudadanos y las ciudadanas con discapacidad. las políticas con justicia social son imprescindibles para “alcanzar un mundo inclusivo, accesible y sostenible después del COVID-19 por, para y con las personas con discapacidad”.