La comisión de DDHH y el Colectivo de Comunidades Religiosas e Identidades Culturales del Instituto Patria vemos con estupor el degradante accionar del gobernador de la provincia de Jujuy Gerardo Morales, donde una “justicia” a su medida no solo manipula a su antojo los cargos de los jueces, sino que creó en 2016 una oficina exclusiva para casos contra la dirigente social Milagro Sala de la organización barrial Tupac Amaru.

Los permanentes hostigamientos sufridos por Milagro traen como consecuencia una degradación de su salud física y psíquica, su internación y la presencia de efectivos policiales en su habitación en terapia intensiva. Estas maniobras no son precisamente una ayuda a su recuperación: hacemos nuestras las palabras del Secretario de DDHH de la Nación, Horacio Pietragalla, “Morales quiere muerta a Milagro”.

Los DDHH deben respetarse sin condicionamientos, nuestra Patria es ejemplo mundial en este tema, y no pueden ser mancillados por caprichos personales del gobernador. Repudiamos estos hechos, exigimos que la provincia se ponga a derecho, exigimos la libertad de Milagro y de los presos políticos de Jujuy así como el cese del hostigamiento a sus familias.

Asimismo, repudiamos la amenaza de muerte sufrida por el sacerdote católico Rubén Lassaga de Santiago del Estero. Esta amenaza se vincula con el acompañamiento del sacerdote a las comunidades indígenas por su territorio y contra los usurpadores de la tierra para la producción sojera, quienes desde hace años vienen echando a las personas de sus pequeños espacios de producción y supervivencia.

Confiamos en el Dios de la vida y la Pacha Mama, en su presencia para dar la fortaleza necesaria a los oprimidos de esta tierra y para que se terminen las injusticias y atropellos a los DDHH. Nos proponemos construir una Patria de hermanos con justicia y soberanía.

1 de julio de 2022.