Competencias del TSJ: una modificación gravísima e inconstitucional

Competencias del TSJ: una modificación gravísima e inconstitucional

La Comisión de JUSTICIA del Instituto PATRIA rechaza la ley aprobada por la Legislatura de la CABA que pretende introducir una modificación inconstitucional a la normativa vigente, creando un procedimiento que permite la intervención del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad en competencias que le son ajenas. La ley aprobada pretende erigir al TSJ como instancia superior en procesos que tramitan ante la Justicia Nacional, autorizándolo a intervenir y avasallar decisiones emitidas por la Justicia Nacional Civil, Comercial, Laboral, Correccional y Criminal.

Esta modificación da lugar a un conflicto institucional y político gravísimo, que afecta nuestro sistema republicano y federal y vulnera nuestra Constitución Nacional. Los Tribunales Nacionales ya han rechazado pretensiones en igual sentido del Superior Tribunal local, frenado su intención de arrogarse atribuciones de las que legalmente carece. La Ley Nacional 24.588 solo le otorga a la Ciudad de Buenos Aires facultades propias de jurisdicción en materia de vecindad, contravencional y de faltas, contencioso-administrativa y tributaria locales (art.8).

La Legislatura de la CABA desconoce la ley vigente y crea un procedimiento que permite la intromisión de un Tribunal cuyas sentencias han sido reiteradamente condenadas por «parcializadas». Si la ley entra en vigencia, esta sede podrá resolver en causas tales como la del Correo Argentino -tal como es la estrategia del Grupo Macri que ya solicitó dicha competencia- y en conflictos laborales en los que ya han hecho pública su voluntad de derogar derechos laborales y sindicales. Esta afectación alcanza al conjunto de la sociedad, en una intromisión que desconoce las reglas de convivencia que el pueblo argentino ha forjado a lo largo de su historia.

Exhortamos a la no promulgación de la ley, a fin de retomar el cauce que define en esta materia, con absoluta claridad, nuestra Carta Magna.

Comisión de Justicia, 4 de octubre de 2021.