Diana Sacayán fue una militante travesti por los derechos humanos y la igualdad de género. Nació en Tucumán en 1975 y era descendiente del pueblo diaguita. Migró junto a su familia a la localidad de Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, donde comenzó su militancia. 

Diana creció en un contexto de extrema pobreza. Fue criada junto a sus 15 hermanos y hermanas en un hogar donde su madre, que era la principal sostenedora, trabajaba 16 horas diarias. Su padre padecía de alcoholismo y tenía un rol ausente. 

A los 15 años, cuando comenzó a definir su identidad y expresar su género, fue expulsada del sistema educativo. Ejerció la prostitución como medio de subsistencia, sufrió persecución policial y violencia institucional, al igual que muchas compañeras travesitis. Además, fue encarcelada en más de una oportunidad por el simple hecho de ser travesti.

Diana participó de diversos espacios de militancia. Dirigió la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bisexuales (ILGA) y fundó el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), una organización que lucha contra la discriminación de personas LGBTI+ y que participó activamente en el proyecto de ley para obtener el reconocimiento de las identidades travestis y trans. En este marco, la activista integró el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, aprobada el 9 de mayo de 2012 (Ley 26.743 de Identidad de Género), y fue la primera travesti en recibir su DNI con la inscripción del género femenino.

Además, tuvo un rol activo en varios programas impulsados por el Estado nacional. Participó en el Programa de Diversidad Sexual del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y colaboró en el Programa Dignidad, Trabajo y Justicia por la inclusión al sistema educativo de travestis y trans, pueblos originarios y población carcelaria.

Una de las principales acciones que impulsó fue la Ley 14783 de cupo laboral travesti trans “Diana Sacayán” en la provincia de Buenos Aires, aprobada el 17 de septiembre de 2015. Esta ley establece que como mínimo el 1% de la totalidad del personal del sector público provincial debe ser ocupado por personas travestis, transexuales y transgénero.

Fue travesticidio

La asesinaron el 11 de octubre de 2015 en su departamento ubicado en el barrio de Flores, CABA. Su asesinato se consideró un crimen de odio por identidad de género y, por primera vez en la justicia argentina, fue reconocido bajo la figura de travesticidio. 

Avances y retrocesos a partir de la aprobación de la ley provincial Diana Sacayan

Ante la falta de respuesta en la reglamentación de la ley provincial por parte del gobierno durante la gestión de M. Eugenia Vidal, organizaciones sociales impulsaron adhesiones y ordenanzas a nivel local. En este marco, varios municipios como Pilar, Florencio Varela, Almirante Brown, Avellaneda, Lanús, Merlo, Morón y Quilmes lograron impulsar adhesiones a la ley y aprobar ordenanzas municipales. También se sumaron provincias del resto del país como Chubut, Río Negro y Chaco en 2018, y CABA y Santa Fé en 2019.

En el año 2020, se aprobó el cupo travesti trans a nivel nacional, mediante el Decreto 721/2020, que estableció el cupo mínimo de cargos y contratos para personas travestis, transexuales y transgénero en el Sector Público Nacional. 

Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y TransgéneroEn el año 2021, se sancionó y reglamentó la Ley N° 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán – Lohana Berkins”, que establece medidas concretas para lograr la efectiva inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y transgénero, y promover la igualdad real de oportunidades en todo el país.

¿Por qué es importante el cupo laboral travesti-trans?

Repasemos algunas estadísticas:

  • 6 de cada 10 personas travestis y trans ejercen la prostitución.
  • El 87 % comenzó antes de cumplir los 19 años.
  • El 87 % la dejaría si tuviesen otra posibilidad.
  • El 18% de las personas travestis y trans tuvo acceso al empleo formal.
  • Según un Informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, en el año 2020 el 83 % de los delitos motivados por discriminación por orientación sexual, expresión e identidad de género tuvo por víctimas a mujeres trans.
  • La expectativa de vida de la población travesti y trans en Argentina ronda alrededor de los 35 a 40 años. 

En síntesis, la discriminación que sufren las personas travestis y trans las ha privado históricamente del acceso a derechos como el trabajo formal, la educación, la salud, la identidad, la expresión de género y la participación política, entre otros. La discriminación estructural que sufren queda en evidencia cuando se analiza su baja expectativa de vida.

Si bien en nuestro país hubo importantes avances en materia normativa y políticas públicas destinadas a garantizar derechos a la comunidad travesti y trans, todavía falta implementar medidas efectivas de inclusión laboral y educativas, como también trabajar contra la discriminación por identidad de género y orientación sexual a través de distintas instancias de formación en materia de género, como la Ley Micaela.

Como Juventudes del Instituto PATRIA, reafirmamos nuestro compromiso por construir una nación plural e inclusiva en la que sus habitantes tengan la plena libertad de ser y hacer sin que corra riesgo su vida o su forma de sustentarse.