Sobre las modificaciones en la asistencia de los riesgos del trabajo

Documento de la Comisión de Salud del Instituto Patria

Ante la ausencia total de la lluvia de inversiones prometida, la que generaría trabajo genuino, bienestar, estabilidad, caída de la inflación y otros tantos augurios del Pro/Cambiemos en campaña, el gobierno de Macri planifica continuar con el recorte a los derechos de los trabajadores en un movimiento clásico de los proyectos neoliberales trasnacionales.

Si no hay efecto derrame desde arriba, habrá efecto recorte por abajo.

En sí, desde esta perspectiva, la justicia laboral es vista como parte del alto costo del trabajo argentino, al que es necesario flexibilizar para que le economía funcione satisfactoriamente.

Es en ese contexto que en diciembre de 2016 se le da media sanción (Cambiemos + dadores gobernabilidad) en el Senado a un proyecto que modificaría la ley de Riesgos del Trabajo, en sesiones extraordinarias, con salvedades, y en tiempo de descuento.

Faltando aún el tratamiento en Diputados, a fines de enero amanecemos un día con un Decreto de Necesidad y Urgencia normatizando el texto inicial.

La Esencia del DNU consiste en impedir que los trabajadores recurran a la justicia por cuestiones vinculadas al carácter laboral de accidentes y enfermedades profesionales, o por cuestiones vinculadas a las prestaciones necesarias para asistirlas y/o por las indemnizaciones que correspondieren por las secuelas que dejaren las mencionadas contingencias laborales. Establece la imposibilidad de una doble vía en la que el damnificado perciba algo mientras inicia su juicio y quede a merced de lo que dictamine su comisión y arregle con su aseguradora.

Se hace obligatoria la intervención de las Comisiones Médicas (CM), dependientes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), instancias ya en funcionamiento desde la implementación de las noventistas leyes que crearon las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP) y las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).

Cabe señalar que el intento de impedir que el trabajador acuda a la justicia para reclamar un derecho, fue declarado inconstitucional en la versión original de la Ley de Riesgos de Trabajo N° 24.557, y probablemente salvo escándalo jurídico lo será en el DNU generado en la actualidad.

Es claro que este es otro intento de tantos de pasar reformas estructurales al calor del verano como un intento de hacer pasar desapercibidos los recortes y avasallamientos que impone. Es llamativo el silencio tanto de sectores representantes de las centrales obreras como del campo de la salud pública en tanto el agravamiento de la salud de los trabajadores como en el recorte del derecho al reclamo.

Un poco de Historia:

En el contexto de la administración de Carlos Menem y Domingo Cavallo, se aplicaron las recomendaciones del llamado “Consenso de Washington” a pie juntillas y con un particularmente “lumpen” entusiasmo.

El centro de la cuestión, como se recordará, fue un plan de estabilización basado en paridad del peso y el dólar, la reforma del estado, las privatizaciones, el endeudamiento externo, y la apertura comercial. Las  consecuencias son bien conocidas, feroz recesión, desocupación y pobreza.

La Alianza que generó la presidencia de De La Rua persistió en la “receta”, lo que lo condujo a la debacle y al vuelo en “Helicóptero”, dejando en tierra decenas de muertos en manos de la represión de diciembre de 2001.

Las Leyes de AFJP y Riesgos del Trabajo fueron centrales en función de uno de los ejes de la política Neoliberal, la creación de grandes masas de capital en manos tanto del estado (AFJP Nación) como de los privados y, en el caso de los RT, en manos de las aseguradoras en general privadas pero también en el estado Provincial de Buenos Aires (ART Provincia).

Estas masas de capital en manos de bancos, aseguradoras y bancos estatales, no solamente no aportaron a ningún tipo de desarrollo nacional, o bienestar de los jubilados vía capitalización individual; sino más bien deben ser consideradas como parte de recursos fugados del país.

El régimen de RT actual se origina en 1996 con la implementación de la Ley N° 24.557, estableciendo un “Listado de Enfermedades Profesionales” y adoptando un Baremo para la valoración de las secuelas de enfermedades y accidentes de trabajo.

Actualmente cubre cerca de los 10 millones de trabajadores afiliados, por millón y medio de empleadores a algunas de las ART. Se estima que las cuotas recaudadas rondaron los 6.000 millones de pesos en 2016. Lógicamente este sistema da cobertura a los llamados trabajadores “en blanco” y deja fuera a millones de trabajadores informales.

El sistema de RT se encuentra bajo la función de superintendencia de un ente dependiente del Ministerio de Trabajo, la SRT, que controla el buen funcionamiento de la Ley de RT, en cuanto a Prevención, asistencia de los siniestros y compensación monetaria de las secuelas. Según datos de SRT murieron en Argentina 796 trabajadores en 2015 y se considera que existe una grave subestimación del número y gravedad de las enfermedades profesionales. Existen también numerosas objeciones acerca de la calidad y oportunidad de las prestaciones sanitarias brindadas por las ART.

Las Comisiones Médicas tienen a su cargo dos tipos de trámite: los Previsionales en relación con el sistema de jubilaciones por invalidez y otras situaciones, dependientes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y los laborales, que entiende en las cuestiones suscitadas entre las ART y los trabajadores, (divergencias en prestaciones o indemnizaciones, rechazos de contingencias, etc.).

El Sistema de asistencia a los riesgos del trabajo reviste todas las características de la llamada “industria del seguro” en el campo salud y es pertinente entonces considerarla como una actividad de mercado. Posee elevado gasto administrativo, con centro en la venta de servicios a las empresas, promoción, marketing, etc. Sus tareas de prevención son muy escasas y desincentivan la participación de los trabajadores y sus organizaciones. Es Frecuente el rechazo de las contingencias cubiertas, desconfiando del trabajador y centrando su administración en evitar el “fraude”. Es de baja calidad en las prestaciones médicas brindadas por “clínicas privadas especializadas” y el centro de la actividad gira en las compensaciones monetarias (pago de los días perdidos e indemnización de las secuelas).

Conclusiones: 

El apuro por decreto a un proyecto de ley que está actualmente en tratamiento en el congreso es un avasallamiento de las reglas de nuestra democracia y una afrenta a la vida política en la Argentina. En particular en lo que hace a riesgos de trabajo, implica un favor a las aseguradoras de riesgo y no un avance en ampliación de derechos a los trabajadores.

El actual sistema de RT, que se basa en la lógica del lucro fracasa en su pretensión de generar un sistema de RT satisfactorio, no pone el centro en la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades y accidentes; y no abre posibilidades a la participación de los trabajadores.

Los servicios brindados son predominantemente privados y de calidad discutible, mientras la gran parte de la asistencia de los accidentes “in itínere” y las primeras horas de los accidentes graves los realiza el hospital público.

El gobierno del PRO y los Radicales atiende a los reclamos de los empleadores (unión industrial, etc.) y ART´s de achicar “costos” laborales mientras los sectores sindicales se muestran poco activos en su defensa y en el reclamo por participación, prevención, asistencia y rehabilitación de calidad e indemnizaciones suficientes; y mucho menos para cambiar la esencia del sistema.

Nosotros debemos tomar las reivindicaciones de los trabajadores, y reclamar por la creación de un sistema de asistencia a los riesgos del trabajo con participación real de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, con centro en la prevención, la calidad de servicios y compensaciones similares a las de la justicia civil, a fin de no crear diferencias inaceptables en la valoración del daño a la salud y la vida humana y que enfatice en la inclusión de los trabajadores con secuelas. Un sistema único, estatal, y articulado en el sector público.