Repudio ante la politica de entrega de ARSAT a capitales extranjeros

El domingo 16 de julio de 2017 cerró como un día diferente para los argentinos y argentinas, quizás tan diferente como lo son todos los que corren desde el 10 de diciembre de 2015.

Por uno de los medios de comunicación que no forma parte de la complicidad mediática con la que cuenta el gobierno de Cambiemos, los argentinos tomamos conocimiento en la noche del domingo que existe un documento confidencial del Gobierno mediante el cual se sientan las bases para entregar a una empresa privada con asiento en EEUU, y que en principio tendría capitales de ese país, el 51 % del paquete accionario de una nueva empresa para la construcción del ARSAT-3 y la gestión (incluyendo la comercialización) del servicio de Banda Ancha Satelital, entre otros desarrollos.

Mediante esta operación, se está enajenando el poder de decisión no solo de AR-SAT sino de nuestra política satelital, así como la soberanía en el espacio alcanzada por el gobierno de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner que se plasmó en la ley 27208, la que en su artículo 8º prohíbe cualquier acto que implique modificar, limitar, suprimir o altear el destino de las acciones sin autorización expresa del Congreso Nacional.

Al igual que bajo la represión de la dictadura cívico militar o con leyes de reforma del Estado de los 90, se ingresa en el camino del desguace del aparato científico tecnológico,  verdadero motor del desarrollo nacional. Con AR-SAT nos convertimos en uno de los 8 países con satélites en el mundo y en el segundo país en América después de EEUU.

Nada es casualidad: el Gobierno que comenzó con la desfinanciación de la investigación científica, ahora enajena su patrimonio a precio vil. No hay que confundirse con el valor expresado en la carta de intención: ARSAT-3 vale mucho más, y tiene capacidad de autofinanciarse. Por otra parte, nos hace soberanos en materia de gestión de la información que producimos.

Nuestra propuesta en esta materia es clara: toda colaboración público privada debe realizarse cuando las necesidades de inversión así lo justifiquen. En esos casos, la colaboración debe realizarse sin que el Estado ceda la mayoría accionaria, la dirección estratégica y el poder de veto. Para reafirmar estos postulados, proponemos la derogación de la ley 23696 de reforma del Estado y la sanción de una ley que imponga estas condiciones a futuros acuerdos.

Es por ello que repudiamos esa Carta de Intención del 29 de junio de 2017 y exhortamos a todas las fuerzas políticas, sociales y académicas a unir esfuerzos y solicitar que el Congreso impida la entrega del patrimonio de AR-SAT.

 

Comisión Estado y Administración Pública del Instituto Patria