El proyecto que pone en riesgo a miles de ciudadanas y ciudadanos por la incapacidad de generar políticas ambientales integrales

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ha presentado ante la Legislatura porteña un proyecto que propone modificar la Ley 1.854, conocida como Ley de Basura Cero. En esta escueta propuesta de siete artículos se intenta cambiar el esquema de tratamiento de los residuos sólidos urbanos (RSU) generados en la ciudad autónoma.

El proyecto no puede disimular aspectos centrales de lo que la alianza gobernante postula como sus políticas de Estado.
En primer lugar, se oculta el incumplimiento de las pautas de la normativa vigente por parte de quienes han estado a cargo de la misma administración. La Ley de Basura Cero fue promulgada en 2006 y entró en vigencia, luego de reglamentarse, en mayo de 2007, a sólo 7 (siete) meses de que asumiera el “macrismo”, con lo cual esta gestión totaliza más de 10 (diez) años de incumplimiento. Y eso no es todo: la meta de reducción progresiva de residuos sólidos urbanos en rellenos sanitarios ha sido una mentira más. Esto no resulta de un cálculo erróneo en las previsiones de la gestión, es una mentira flagrante puesto que oculta que no se llevaron a cabo las acciones necesarias para poder implementar en los 10 (diez) años de gestión PRO una política eficaz en el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, las cuales el propio oficialismo llevó como bandera a lo largo de toda su gestión.
En segundo lugar, y lo más grave, es que la propuesta presentada es un nuevo intento de producir impactos mediáticos que lejos de resolver los conflictos generados por la ineficacia en el manejo de un sistema complejo como es el de la gestión de estos residuos, los profundiza y pondrán en riesgo a miles de ciudadanas y ciudadanos, y al ambiente. Cuando la propuesta en el tratamiento de un sistema complejo no se da a conocer, se minimiza o se oculta, es porque algo poco transparente se está gestando.

El tratamiento de los residuos sólidos urbanos de un área metropolitana, donde viven millones de personas, requiere de soluciones integrales que tomen en consideración las diferentes dimensiones que lo componen: lo ambiental, lo social y lo económico. Sólo así podrá catalogarse como un Programa Sustentable.
Algunas versiones periodísticas (pues no se han explicitado públicamente las pautas técnicas de la propuesta) indican que se pondrán en funcionamiento plantas de incineración. Por lo tanto, de un esquema de gestión en crisis (como es el de enterrar la mayoría de los desechos generados) se pasa a uno de incineración sin que se conozcan y debatan los aspectos técnicos que justifiquen el cambio.

Pero: ¿Cuántas plantas de incineración se necesitarán para tratar solo los RSU de la ciudad de Buenos Aires? ¿Dónde se ubicarán, en la ciudad o en la provincia de Buenos Aires? ¿Desde cuándo la incineración pasó a ser la solución integral para el tratamiento de los RSU? ¿Cuáles son los reaseguros técnicos para incinerar más de 4 (cuatro) millones de kilogramos de residuos por día generados en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cuáles son las certezas de que este tratamiento mejorará el comportamiento de los parámetros de calidad ambiental de la región?

Analizado el conflicto desde la dimensión social, es importante destacar que esta propuesta profundizará la brecha social existente, asegurando que el “negocio de la basura” quede en pocas manos. Los trabajadores que han quedado fuera del sistema y que sobreviven como recicladores urbanos o “cartoneros”, “carreros”, sufrirán una nueva exclusión. En cambio, un tratamiento integral de los residuos sólidos urbanos requiere también de mano de obra, que se capacite y se inserte en un esquema laboral “en blanco”. Esta propuesta solo terminará de expulsar a los más castigados: la Ley 1854 permitió la aplicación de leyes y decretos específicos que impulsaban esta actividad, lo que este proyecto de ley dejaría de lado. Además, invisibiliza a miles de familias que podrían haberse incorporado si la propuesta se constituyera como una política seria para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en la cual los RSU sean considerados como verdaderos recursos. Una vez más, los sectores más vulnerables serán los que paguen el precio, en este caso de una pseudo política ambiental.
Pero lo económico también debería ser una dimensión a evaluar en el marco de una política integral. ¿Cuál es la eficiencia energética de incinerar todos los residuos? ¿Acaso no estamos en crisis energética? ¿Cuáles son las certezas técnicas que aseguran la supuesta recuperación de energía? ¿Se han tenido en cuenta antecedentes internacionales sobre el tema? ¿Se contempla el ahorro energético del reúso y el reciclado?

Ante esta desinformación y manipulación de la opinión pública, la Comisión de Ambiente del Instituto Patria expresa que el tratamiento de los residuos sólidos urbanos debe ser una política de Estado integral que considere la salud y los intereses de todos los ciudadanos y ciudadanas, en especial los de los sectores más vulnerables de la sociedad, atendiendo las dimensiones ambientales, sociales y económicas. Por ende, considera que es pertinente que este proyecto no se apruebe y que el tratamiento de los residuos sólidos urbanos de la CABA se analice y evalúe en forma conjunta con los generados en el AMBA, a partir de una política de Estado que involucre y tenga en consideración la salud y los intereses de los ciudadanos que en ella habitan, en particular los de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

El territorio de la Provincia de Buenos Aires, y más específicamente del Gran Buenos Aires, debe dejar de ser el “sumidero” de los residuos generados y mal tratados por la CABA, con el agravante de ser potencialmente el triste destinatario de las nuevas plantas de incineración y el consiguiente daño ambiental y la salud, que las mismas conllevan para miles de bonaerenses.

La Alianza Cambiemos, en sus distintas formas, gobierna la ciudad hace 10 (diez) años, y tiene a su cargo el Poder Ejecutivo de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires desde fines de 2015. Es, por lo tanto, responsable de la carencia de una política integral, sustentada en criterios técnicos (y no de mero negocio) de los residuos sólidos urbanos. Se nos pretende convencer de que estamos en un proceso de crecimiento invisible; es probable que en futuro próximo estemos ante un proceso de contaminación “invisible” de miles de ciudadanas y ciudadanos del AMBA.

Exigimos, por lo expuesto, una amplia difusión de los fundamentos que acrediten la viabilidad técnica del proyecto, la tecnología a aplicar y los “por qué” de su elección por sobre otras alternativas, los costos reales de su potencial aplicación, los territorios seleccionados para su implementación, los alcances de los estudios de impacto ambiental que se desarrollarán y, fundamentalmente, qué tipos de residuos se utilizarán para alimentar esta nueva tecnología. Sólo a partir de un amplio y honesto intercambio de información los representantes del pueblo de la CABA podrán evaluar y votar este proyecto de ley cuyo impacto compromete el presente y el futuro de toda la comunidad residente en el AMBA.