El ajuste del Estado y las elecciones de octubre

A partir de las recomendaciones del consenso de Washington, los Estados de la región enfrentaron el problema del déficit fiscal mediante la adopción de medidas de ajuste estructural. El objetivo declarado era concentrar el gasto público en las denominadas “funciones esenciales del Estado”, dejando que la inversión privada reemplazara a la intervención estatal en los sectores productivos. Si el Estado dejaba de “oprimir” la iniciativa individual, razonaban, vendrán capitales que harán surgir potentes economías de mercado.

Para este cometido, el Estado debía limitarse a funciones esenciales referidas al control y el disciplinamiento social. En otros roles, las instituciones debían “ajustar” su gasto. Por uno u otro motivo, el ajuste nunca pareció suficiente. Así, no sólo desapareció la asistencia a la economía y demás actividades “no esenciales”, sino que se pusieron en juego las coberturas básicas que había costado más de un siglo estructurar.

A pesar de este ajuste “continuo”, los capitales no aparecieron o vinieron bajo la forma de inversiones especulativas. A partir del año 2003, el gobierno argentino definió una nueva articulación entre el Estado y el sector privado. La iniciativa pública dejó de ser “el” problema, para pasar a motorizar el desarrollo económico. Desde 2003 en adelante, el PBI creció a tasas sin antecedentes en la historia argentina.

Este esquema permitió transitar sin sobresaltos bruscos la crisis internacional de los años 2008-2009. La utilización de recursos públicos para desarrollar la actividad productiva y social se mostró tan eficaz que los voceros de la derecha desistieron de oponerse abiertamente. Muy por el contrario, en la última campaña electoral se comprometieron a mantener este esquema virtuoso.

Pero el esquema no se puede sostener parcialmente. Transferir ganancias a los ricos -por políticas tributarias, debilitamiento de regulaciones, apertura de importaciones, desfinanciamiento de programas-  desequilibra un orden pensado para la inclusión y el desarrollo.

Frente a este nuevo ciclo electoral, nuestra responsabilidad es revertir el desguace de lo público. Debemos reconstruir, paciente y progresivamente, los dispositivos estatales que promueven derechos y generan un desarrollo que incluye a todos. Sin intervención estatal, el mercado se ocupa de muy pocos.

Comisión ESTADO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – INSTITUTO PATRIA

Julio de 2017