Decreto 632/18: un nuevo capítulo del ajuste estatal

El Gobierno Nacional anunció en conferencia de prensa las medidas aprobadas a través del Decreto Nº 632/18. En este decreto, la firma del presidente Mauricio Macri está acompañada por las del jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

El texto y las medidas de este decreto apelan a un conocido lugar común para encubrir los verdaderos objetivos que se persiguen respecto del Estado: en nombre de una “Administración Pública más eficiente y eficaz” se busca reducir su rol y habilitar el despido de sus trabajadores. Una vez más, la “eficiencia y eficacia”, esto es, la obtención de resultados esperados a partir de procesos racionales, se utilizan como sinónimo de AJUSTE. Resulta evidente que las condiciones impuestas por el FMI no fueron el motor de esta decisión: quienes firmaron este decreto están convencidos de que el Estado debe reducirse a su mínima expresión para actuar exclusivamente como disciplinador social.

El Decreto 632/18 no hace más que confirmar que el proyecto de Cambiemos es la desaparición del Estado de Bienestar y de los programas que actúan como red social. Este proyecto incluye además la desfinanciación de las empresas públicas que resguardan recursos estratégicos y fomentan el desarrollo nacional, abriendo con su debilitamiento una enorme oportunidad para los negocios privados.

Entre las medidas dictadas, se prohíben nuevas designaciones o contrataciones de personal, con excepción de coberturas de titulares de unidades organizativas que, de hacerse por concursos excluyentes, se apartarían de la letra y el espíritu del Convenio Colectivo de Trabajo. Asistiremos así a la “colonización” de la conducción intermedia del Estado más allá del 2019.

Con la prohibición de nuevos contratos de Asistencia Técnica y la rescisión de los existentes al 31 de diciembre de 2018, se deslegitima la relación con las Universidades Públicas, las que realizaron y realizan aportes sustantivos en la implementación de programas sociales, entre otras tareas que, no caben dudas, pasarán a ser realizadas por las consultoras que ya pueblan los pasillos y oficinas del Estado Nacional. Más allá de alguna desnaturalización de esta herramienta que el gobierno está obligado a corregir, la sospecha previa que se sembró sobre estas asistencias tuvieron como objetivo el regreso de las consultorías, una práctica que se buscó desterrar a partir de la relación con las Universidades.

La revisión de bonificaciones, premios, incentivos o suplementos salariales para determinar si son procedentes, así como la prohibición de otorgar nuevos adicionales, suplementos o bonificaciones hasta diciembre de 2019, lo mismo que la reducción del 30% de horas extras en lo que queda del 2018, se funda también en la sospecha de que el Estado y sus trabajadores no realizan tareas relevantes. La revisión de las estructuras orgánicas y planteles de organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado parte del mismo concepto: el Estado es ineficiente y tiene gente de sobra. Las empresas públicas, baluartes de la soberanía nacional (Fabricaciones Militares, Aerolíneas Argentinas, YPF, astilleros, banca pública), son alcanzadas por este manto de sospecha que habilita el ajuste.

Del mismo modo, la invitación a provincias y municipios a adherir a la norma genera un efecto devastador sobre nuestra cultura estatal: la “eficiencia y eficacia”, en el caso de los Estados, supone su reducción. La naturalización de este concepto genera el clima necesario para la pérdida de miles de puestos de trabajo y la reducción drástica de la cobertura territorial de los programas y servicios públicos. Asimismo, y como si esto no revistiera suficiente gravedad, el desmantelamiento institucional que se proponen con este decreto supone resignar el ejercicio efectivo de la soberanía sobre nuestros recursos estratégicos.

Asistimos, con este decreto, a un nuevo recorte de las posibilidades y condiciones materiales de un proyecto colectivo llamado Argentina.

 

Observatorio del Estado
Comisión Estado y Administración Pública
Instituto Patria
13 de julio de 2018