Comunicado de la comisión de los derechos de las personas con discapacidad

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, desde una perspectiva integral y equitativa, enmarca y obliga a los Estados al pleno cumplimiento de los derechos humanos para las personas con discapacidad. Específicamente en su artículo 4° exige “Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna…”

En nuestra Constitución Nacional también se garantiza igualdad de derechos a tod@s l@s habitantes del territorio nacional, lo que requiere, claramente, obligaciones al Estado para garantizar el acceso de cada uno de los miembros de la Comunidad Nacional considerando las particulares circunstancias y situaciones en las que ellos y ellas se encuentran.
Hoy nos encontramos ante la desconsideración y violación de esos derechos.

Desde la asunción del gobierno del macrismo y sus aliados, se han suspendido y dado de baja a pensiones no contributivas que constituían la efectivización del derecho de cerca de ochenta mil (80.000) personas con discapacidad y se limitan sistemáticamente las posibilidades de efectivización de titulares de derecho a quienes les corresponde, con dilaciones y sobreexigencias administrativas que sólo pueden ser comprendidas desde una intencionalidad de inhibición y limitación de los derechos de las personas con discapacidad.
En efecto, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación está interpretando de modo restrictivo e inadecuado a la comprensión de la complejidad de las situaciones reales de las personas con discapacidad, el Decreto Nº 432/97 del menemismo que data del año 1997, además de considerarlo por encima de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad la cual tiene raigambre constitucional desde el año 2014, a través de la Ley Nº 27044.

Dicho Decreto establece una serie de restricciones cuya aplicación está sujeta, en este momento, a una interpretación arbitraria y falaz: b) Encontrarse incapacitado en forma total y permanente, en el caso de pensión por invalidez. g) No tener parientes que estén obligados legalmente a proporcionarle alimentos o que teniéndolos, se encuentren impedidos para poder hacerlo; ni vivir con otros familiares bajo el amparo de entidades públicas o privadas en condiciones de asistirlo. h) No poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia.

Estas barreras que surgen de este Decreto y sus interpretaciones más restrictivas -propio de la aplicación de políticas neoliberales- que se interponían entre la persona con discapacidad y la pensión no contributiva, fueron derribadas desde la perspectiva integral y de derechos, que implicó la aplicación irrestricta de la Convención desde el 2003 al 2015. En consecuencia, se logró pasar de trescientos cincuenta mil (350.000) PCD a un millón seiscientos mil (1.600.000) PCD titulares de la pensión no contributiva. De esta manera el Estado argentino cumplía sus compromisos internacionales y lograba los estándares de inclusión a los que se había obligado.

Desde 2003 la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales ha trabajado seria y profesionalmente en todo el territorio nacional, en lugares recónditos y en grandes ciudades, evaluando con profesionales y en equipos interdisciplinarios, cada situación, cada condición familiar, cada circunstancia en la que las personas con discapacidad se encuentran, para garantizar el acceso a las oportunidades y la protección social que demanda la Convención, mejorando paulatinamente los tiempos y la eficiencia de su trabajo sin perder calidad y capacidad de comprensión integral de las situaciones, a la vez que cumplimiento de los requisitos que manda la ley. Hoy, a cada una de esas personas, más específicamente a cerca de ochenta mil de ellas, con derechos adquiridos, ni siquiera se les ha respetado la condición humana y ciudadana de ser avisadas y tener posibilidad de defenderse, directamente van al cajero para retirar el dinero de subsistencia y ya no lo encuentran, van a la obra social, que necesitan como el pan para poder realizar sus tratamientos, y ya no las atienden.
Específicamente corresponde citar Artículo 28 Nivel de vida adecuado y protección social: Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad.

2. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la protección social y a gozar de ese derecho sin discriminación por motivos de discapacidad, y adoptarán las medidas pertinentes para proteger y promover el ejercicio de ese derecho, entre ellas:

b) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en particular las mujeres y niñas y las personas mayores con discapacidad, a programas de protección social y estrategias de reducción de la pobreza

c) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad y de sus familias que vivan en situaciones de pobreza a asistencia del Estado para sufragar gastos relacionados con su discapacidad, incluidos capacitación, asesoramiento, asistencia financiera y servicios de cuidados temporales adecuados.

Este derecho se encuentra en nuestra Constitución Nacional y se encuentra actualmente vulnerado por la aplicación arbitraria de un decreto a los fines de continuar con el ajuste brutal al que es sometida hace poco más de un año y medio la sociedad.
Ante todo esto decimos NO!!, LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD NOS ENCONTRAMOS ORGANIZADAS Y VAMOS A LUCHAR INCANSABLEMENTE PARA REVERTIR TODAS Y CADA UNA DE LAS PENSIONES ARREBATADAS. PORQUE SON NUESTRO DERECHO.Y la sociedad toda avala y apoya esta lucha contra el atropello.

Día a día las personas con discapacidad nos enfrentamos a las barreras que nos impone la sociedad, en este caso el acceder a un trabajo digno. Día a día ni siquiera nos reciben para tomar una entrevista de trabajo, día a día vemos como estamos lejos de cumplir el cupo de trabajadores con discapacidad, por esto y por muchas razones más la pensión no contributiva es la manera de subsistir de muchas personas con discapacidad y muchas veces les permite lograr la autonomía que tienen por derecho.

Respecto a las afirmaciones de funcionarios del Gobierno tales como: “El síndrome de down no implica un 76% de invalidez para el trabajo como exige la normativa para que se otorgue la pensión” de Yamil Santoro y Guillermo Badino, exigimos sus renuncias y llamamos a todas las agrupaciones a repudiar tales dichos. No sólo son estigmatizantes y discriminatorios, contienen una gran ignorancia sobre la temática. Como se dijo, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad derriba cualquier requisito que se quiera, maliciosamente, estipular y a su vez, no es Santoro ni Badino ni los funcionarios que defienden está política nefasta los que decretan a modo genérico que porcentaje de invalidez tiene una deficiencia determinada. Dicho sea de paso, el término invalidez también es derribado por la Convención.

Por último, llamamos a todas las agrupaciones que luchan día a día y hace muchos años a un ESTADO DE ALERTA PERMANENTE, a MANIFESTARSE PÚBLICAMENTE, a decir muy fuertemente que LA PENSIÓN NO ES UNA DÁDIVA, ES UN DERECHO, Y PARA LOS DERECHOS NO PUEDE HABER TECHO.