Apelación del Instituto PATRIA a la IGJ

Apelación presentada por el Instituto ante la intimación de la Inspección General de Justicia para que aporte la totalidad de datos personales sensibles de todos nuestros asociados.

 

 

A continuación, el escrito con los fundamentos de la apelación:

Excelentísima Cámara Nacional en lo Civil: 

 

Alma Marquizo Silva (CPACF Tº 39 Fº 408, domicilio electrónico 27186768898)  y Fernando Javier Castiglioni, (CPACF Tº 51 Fº 793, domicilio electrónico 20203496894) abogados, en nuestro carácter de apoderados del Instituto Patria: Pensamiento, Acción y Trabajo para la Inclusión Americana, Asociación Civil, conforme el mandato que acompañamos, en el expediente IGJ 1.899.459/7.734.718, a V.E. respetuosamente nos presentamos y decimos: 

 

I.En tiempo y forma venimos a apelar la resolución IGJ 0000248 de fecha 1 de febrero de 2018 que nos fuera notificada el mismo día. 

 

II.Expresamos agravios. 

 

La resolución consta de dos artículos: el primero consiste en la aplicación de una sanción de apercibimiento con publicación y el segundo en una intimación contra nuestra representada. 

 

Por razones metodológicas comenzaremos a expresar nuestros agravios contra el segundo artículo. 

 

III. 

 

“Artículo 2º: Intímase a la entidad para que en plazo improrrogable de cinco días de notificada la presente, acredite en estos actuados haber cumplido con la presentación adeudada de las copias del Libro de Registro de Asociados, bajo apercibimiento de aplicar mayores sanciones en caso de incumplimiento de lo aquí dispuesto”. 

 

Se agravia esta parte de que la Inspección General de Justicia emita Resolución intimando por tercera vez a nuestra representada y bajo amenazas de mayores sanciones, para que aporte la totalidad de datos personales sensibles de todos nuestros asociados. 

 

De eso y no otra cosa, se trata el requerimiento de aportar copias del Libro Registro de Asociados. 

 

(1)Es el tercer requerimiento en igual sentido. El primero, de fecha 7 de noviembre de 2017, fue contestado oportunamente; el segundo, del 28 de noviembre de 2017 fue erróneamente notificado, mediante cédula cuya copia acompañamos, en la que se consigna expresamente que “La presente Resolución agota la vía administrativa”.  

 

A la luz de lo que ahora dice el Inspector General, que nuestra representada “se negó expresamente a acompañar la documentación referida, entendiendo que la providencia notificada sería materia de apelación”, resulta evidente que esa cédula se cursó para entorpecer las actuaciones, en términos no sólo erróneos sino tendientes a confundir al administrado. 

 

Sin perjuicio de ello, para enmendar el curso de este expediente, con fecha 1º de febrero de 2018, en término de apelación, presentamos nuevo escrito solicitando se subsanara el carácter de resolución no apelable de aquella intimación y se la suscribiera por parte del Sr. Inspector General, y reiteramos que ínterin, se abstuviera ese Organismo de aplicar sanciones a nuestra representada.  

 

La IGJ ahora fundamenta una sanción contra nuestra representada invocando un inexistente incumplimiento de nuestra parte, generado por su propia torpeza. 

 

(2)Los fundamentos de la Resolución que recurrimos no se sostienen a la luz del derecho y de las constancias de este mismo expediente, incumpliendo con los recaudos del artículo 7, inciso b de la ley Nº 19.549. 

 

Así, su causa no se sustenta en los hechos y antecedentes del expediente ni en  el derecho aplicable (inciso b). 

 

Vea V.E. que en visita de Inspección de fecha 18 de setiembre de 2017, los Inspectores de Justicia Dres. Mara López y Darío Nicolás Manín se constituyeron en nuestra sede social con el objeto de “Constatar el Libro Registro de Asociados y de la  registración correcta de los asociados volcada al mismo”retirando fotocopias de la hoja de rúbrica última foja utilizada y sin observaciones a la correcta registración en el Libro. 

 

Con posterioridad y hasta el presente, la Inspección General de Justicia pretende hacerse de una copia del Libro Registro de Asociados, en el cual se vierten los siguientes datos personales de los socios: categoría del socio, fecha de ingreso, nombre y apellido, DNI, domicilio, nacionalidad, estado civil, edad.  

 

(3)Ley Nº 25.326, de Protección de Datos Personales. 

 

No nos hemos negado arbitrariamente a proporcionar tales datos.  

 

En nuestra presentación de fecha 15 de noviembre de 2017,  hemos explicado la imposibilidad legal de hacerlo, en estos términos: 

 

Se encuentra a disposición dicho Libro Registro de Asociados en nuestra sede social para ser constatadnuevamente la regularidad de sus asientos en caso de que se considere necesario. 

 

Sin perjuicio de ello,  el Instituto Patria está  impedido legalmente para remitir fotocopias donde consten los datos personales sensibles de los asociados (art. 5º de la ley 25.326), so pena de incurrir en las sanciones previstas por el art. 11 de la misma ley. 

 

No contamos con su consentimiento para divulgar datos personales de contenido sensible, máxime teniendo en cuenta el pensamiento político al que adhieren nuestros asociados (art. 2 de la ley 25.326), que resultaría revelado. 

 

(4)Carencia de Atribuciones. 

 

Por otra parte, no existen razones de interés general autorizadas por ley para que la IGJ pueda solicitar y tratar esos datos, ni se justifica en razones de servicio que ese Organismo necesite conocer y registrar la nómina de asociados de nuestra Institución ni de ninguna otra. 

 

La ley 22.315 no autoriza a la IGJ al tratamiento de datos sensibles. Dicho en los términos de la ley 25.326, resulta excesivo y no pertinente el envío de dicha información, máxime teniendo en cuenta que se trata de información de carácter sensible que el legislador ha estimado merecedora de una protección especial y diferenciada. 

La Ley Nº 25.326, de Protección de Datos Personales tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean estos públicos o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como el acceso a la información que sobre las mismas se registre, de conformidad a lo establecido en el artículo 43, tercer párrafo de la Constitución Nacional (artículo 1º). 

 

(5)Datos sensibles. 

 

En su artículo 2º, define a los “datos sensibles” como aquellos datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la saludo a la vida sexual. 

 

Por su parte, el artículo 4º de la misma norma, dispone que la recolección de los datos no puede hacerse en forma contraria a las disposiciones de esa ley y que los datos que se recolecten deberán ser “adecuados”, “pertinentes” y “no excesivos” en relación al ámbito o finalidad para los que se hubieren obtenido. 

 

El inciso 1º del artículo 7º del mismo cuerpo legal prescribe que ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles, pudiendo los mismos sólo ser objeto de tratamiento cuando medien razones de interés general autorizadas por ley o con finalidades estadísticas o científicas cuando no puedan ser identificados sus titulares (inciso 2). 

 

Por aplicación de la normativa antes descripta, la IGJ no puede efectuar el tratamiento de los datos relativos a las opiniones políticas de los asociados sin que exista el consentimiento del interesado o razones de interés general autorizadas por ley  (conf. inciso 2º in fine del artículo 7º de la Ley Nº 25.326). 

(6)Jurisprudencia de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. 

 

Existe jurisprudencia administrativa del órgano de aplicación de la ley Nº 25.326, entonces Ministerio de Justicia, Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que avalan nuestra imposibilidad de  proporcionar la nómina y datos completos de nuestros asociados, que transcribimos  en sus partes pertinentes: 

  

DICTAMEN DNPDP N° 008/12 BUENOS AIRES, 28 de marzo de 2012 …  La Ley Nº 25.326, de Protección de Datos Personales tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean estos públicos o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como el acceso a la información que sobre las mismas se registre, de conformidad a lo establecido en el artículo 43, tercer párrafo de la Constitución Nacional (artículo 1º).  

En su artículo 2º, define a los “datos sensibles” como aquellos datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual. Por su parte, el artículo 4º de la norma bajo análisis dispone que la recolección de los datos no puede  hacerse en forma contraria a las disposiciones de esa ley y que los datos que se recolecten deberán ser “adecuados”, “pertinentes” y “no excesivos” en relación al ámbito o finalidad para el que se hubieren obtenido.  

El inciso 1º del artículo 7º del mismo cuerpo legal prescribe que ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles, pudiendo los mismos sólo ser objeto de tratamiento cuando medien razones de interés general autorizadas por ley o con finalidades estadísticas o científicas cuando no puedan ser identificados sus titulares (inciso 2).   

Resta señalar en punto al consentimiento del interesado, que ya sea que éste se obtenga del titular del dato o aun amparándose en la excepción del artículo 5°, inciso 2, apartado d) de la Ley N° 25.326, deberá tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 11 de la Ley N° 25.326, en tanto regula la cesión de datos personales –y que se analizará más abajo- y considerar que la información deberá delimitarse a lo mínimo y estrictamente necesario para el ejercicio de esa función; ya que la posibilidad que el entrecruzamiento de la información contenida en la base de datos divulgue hechos o situaciones que deberían quedar reservados al ámbito de conocimiento privado de la persona que lo padece o a su grupo familiar y cuya divulgación eventualmente pudiera acarrear daños irreparables, es una eventualidad que deberá ser contemplada.  

 

Retomando la cesión de datos personales, debemos considerar que rige el concepto de interés legítimo.  El artículo 11 de la Ley Nº 25.326 prescribe que “Los datos personales sólo pueden ser cedidos para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con el interés legítimo del cedente y del cesionario…”.  

 

La aplicación de este instituto del interés legítimo a la protección de datos personales debe realizarse de manera restrictiva, motivo por el cual el interés legítimo válido se configurará cuando exista un interés personal y directo que acredite la necesidad de acceder a dichos datos para ejercer un derecho por parte del cesionario.  

 

Ello siempre y cuando: a) el acceso a dicha información por terceros no implique para el titular del dato un daño injustificado y/o desproporcionado en relación al derecho que el cesionario pretenda ejercer; y/o b) existan garantías adecuadas de cumplimiento de la ley, de manera que el titular del dato vea garantizados sus derechos. Los datos personales no podrían cederse ante la ausencia de dicho interés legítimo, por cuanto la cesión de datos sólo puede hacerse “para el cumplimiento de los fines relacionados con los intereses legítimos del cedente y el cesionario” (art. 11 de la Ley Nº 25.326).  

 

A ese respecto para que la cesión de datos sea válida, se exige –como ya se dijo- que se realice para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con el interés legítimo del cedente y del cesionario… 

En este contexto, además, debe tenerse presente que el cesionario queda sujeto a las mismas obligaciones legales y reglamentarias del cedente y éste responderá solidaria y conjuntamente por la observancia de las mismas ante el organismo de control y el titular de los datos de que se trate (Ley Nº 25.326, artículo 11).  

 

Ref.: Asunto Nº 30.707/06-S.A.I.J. DICTAMEN DNPDP Nº 269/06 BUENOS AIRES, 21 NOV 2006.  …Las antes mencionadas “Reglas de Heredia”, constituyen un documento de consenso entre los Poderes Judiciales de América Latina sobre la difusión de información judicial en Internet, brindando reglas mínimas a ser adoptadas por los órganos responsables de su divulgación, tendiente a lograr equilibrio entre transparencia, acceso a la información pública y derechos de privacidad e intimidad. 

 

Respecto del tema que nos ocupa establecen que “prevalecen los derechos de privacidad e intimidad cuando se traten datos personales que se refieran a niños, niñas, adolescentes (menores) o incapaces; o asuntos familiares; o que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos; así como el tratamiento de los datos relativos a la salud o a la sexualidad; o víctimas de violencia sexual o domestica; o cuando se trate de datos sensibles o de publicación restringida según cada legislación nacional aplicable o hayan sido así considerados en la jurisprudencia emanada de los órganos encargados de la tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales” (Regla 5), caso en el que los datos respectivos deberán ser anonimizados.  

 

La Ley Nº 25.326, en su artículo 4º contempla el principio de calidad de los datos, según el cual los datos que sean objeto de tratamiento deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para la que fueron recolectados; deben ser exactos y actualizados y prever mecanismos de corrección o supresión para el caso de errores; deben ser utilizados para la finalidad para la que fueron obtenidos o para una finalidad compatible con la misma y deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para los que fueron recolectados. 

 

Exigir que los datos sean ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación a la finalidad para la que fueron recolectados implica tener presente que hay datos prohibidos o confidenciales que no pueden cederse en virtud de su calidad“información confidencial”, “información de acceso público” e “información de acceso público irrestricto”, reiterando lo expresado oportunamente en los Dictámenes DNPDP Nos. 3/04 y 9/04. La “información confidencial” es aquella afectada por el secreto profesional o por la confidencialidad impuesta legalmente (secreto profesional, fiscal, bancario, datos sensibles, etc.).   

 

(7)Datos sensibles del listado de asociados del Instituto Patria. 

 

La Resolución que apelamos se remite al dictamen del Departamento de Fiscalización y Denuncias (fs. 489/491) que sostiene que los datos personales que requieren no son “datos sensibles” ya que no revelan “origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual”.  

 

Es harto evidente que el padrón de asociados del Instituto Patria revela inequívocamente la opinión política de dicho colectivo. 

 

Su Presidenta Honoraria es la Dra. Cristina Fernández de Kirchner. Preside la Institución el Dr. Oscar Parrilli. La Secretaria de la Comisión Directiva es quien fue Ministra de Cultura en el Gobierno de la Dra. Kirchner, Teresa Parodi. Sus  Socios Fundadores son Jorge Ferraresi, quien es Vicepresidente de Patria e Intendente de Avellaneda, Juan Patricio Mussi, Intendente de Berazategui, Pablo Javier Zurro, Intendente de Pehuajó, Rita Cortese, Tristán Bauer, entre otros conspicuos militantes kirchneristas. 

 

Es de público y notorio conocimiento la orientación política y filosófica del Instituto Patria. 

 

Pues bien, ¿queda alguna duda de que la nómina de asociados revela su opinión política?  

 

¿Puede dudarlo el Sr. Inspector General? 

 

Si no fuera por la evidente postura política del Instituto Patria y de nuestros asociados, no se hubiera generado esta actuación a partir de la presentación normal de un balance -como no se genera con ninguna otra entidad- ni se hubiera dictado la Resolución del 1º de febrero de 2018, ni, en consecuencia, estaríamos en esta instancia de apelación. 

 

Debido a las características de la información requerida por la IGJ, se trata de una cesión de datos sensibles ya que, por el contexto que rodea a los datos solicitados “nombre y apellido, DNI y domicilio”, es posible determinar la opinión política de esas personas.  

 

 

(8)Preservación de datos sensibles. 

 

La ley 25.326 contempla en sus Artículos 9 y 10 las medidas de seguridad de los datos y el deber de confidencialidad con que deben ser manejados, en los siguientes términos:  

 

ARTICULO 9° — (Seguridad de los datos). 

  1. El responsable o usuario del archivo de datosdebe adoptar las medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales, de modo de evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, y que permitan detectar desviaciones, intencionales o no, de información, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o del medio técnico utilizado.
  2. Queda prohibido registrar datos personales en archivos, registros o bancos que no reúnan condiciones técnicas de integridad y seguridad.

ARTICULO 10. — (Deber de confidencialidad). 

  1. El responsable y las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personalesestán obligados al secreto profesional respecto de los mismos.Tal obligación subsistirá aun después de finalizada su relación con el titular del archivo de datos. 
  2. El obligado podrá ser relevado del deber de secreto por resolución judicial y cuando medien razones fundadas relativas a la seguridad pública, la defensa nacional o la salud pública.

 

A lo largo de la tramitación de este expediente ha quedado en evidencia la incapacidad de la Inspección General de Justicia de mantener la mínima reserva de las actuaciones concernientes al Instituto Patria. 

 

Esa incapacidad es otra razón que obsta a la entrega de la información pretendida: la constante filtración a los medios masivos de comunicación de las actuaciones e incluso de los escritos presentados en este expediente por el Dr. Parrilli, que han sido exhibidos hasta en la televisión, por ejemplo por el periodista Majul en su programa La Cornisa.    

 

Adjuntamos impresos de capturas de pantalla del programa del  23 de julio de 2017, en que exhibe el escrito firmado por el Dr. Oscar Parrilli presentado en este expediente el día 19 de julio de 2017, aprovechando esas constancias para tergiversarlas y agraviar al Presidente de la entidad con falsedades.  

 

Más aún, las filtraciones continúan hasta la actualidad, lo que acreditamos con copia de la nota del diario Clarín de fecha 10 de febrero de 2018 en la que, con lujo de detalles, se transcriben –Y TERGIVERSAN- datos de escritos presentados por esta parte y de la propia Resolución que estamos apelando. 

Ante nuestra protesta por las filtraciones, se ha iniciado un sumario para investigar lo ocurrido, con resultado NULO. 

 

La experiencia indica, entonces,  que aportar los datos de los asociados conllevaría la certeza de que sean revelados y publicados, que se filtren masivamente en los medios de comunicación, ocasionando un grave perjuicio a sus titulares. 

 

La Inspección General de Justicia carece de la capacidad técnica y organizativa requerida por los artículos 9 y 10 de la ley 25.326 y/o de la voluntad política para manejar y custodiar las constancias de este expediente y mucho menos para preservar los datos sensibles que pretende se agreguen al mismo. 

 

(9)Responsabilidad solidaria. 

 

Por otro lado,  el artículo 11 de la ley prevé los términos en que los datos sensibles pueden ser cedidos y su inciso 4 establece las responsabilidades que nos competerían en caso de cederlos irregularmente, como pretende la IGJ. 

 

Es la misma ley que nos impide dar cumplimiento a la irregular intimación de la Inspección General de Justicia. 

 

(10)Nulidad de la Resolución. 

 

Por otra parte, es absolutamente innecesario a los efectos de fiscalizar el normal funcionamiento de la persona jurídica que representamos conocer la identidad de cada uno de sus asociados.  

 

La Resolución que atacamos se limita a sostener dogmáticamente que serían datos “que se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado”. 

 

En momento alguno la IGJ ha explicado a qué fin concreto requiere dichos datos.  

 

El mero ejercicio burocrático de las facultades del organismo, resulta abusivo por injustificado, ya que, en derecho administrativo, los actos deben ser fundados y a favor del administrado y no en su persecución.  

 

La Ley de Procedimientos Administrativos, Nº 19.549, en su  Título III, art. 7. establece los Requisitos esenciales del acto administrativo, los que no se verifican en la Resolución que atacamos. 

 

Así, su causa no se sustenta en los hechos y antecedentes del expediente ni en  el derecho aplicable (inciso b); el procedimiento elegido afecta derechos subjetivos e intereses legítimos (inciso c); no está motivado, ya que, como se ha dicho, no se expresan en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto (inciso e). 

 

Todas estas irregularidades configuran causas de  nulidad de la Resolución en crisis, pero la más grave es la que fulmina el artículo 7, inciso f), el cual reza:  

 

Finalidad. f) habrá de cumplirse con la finalidad que resulte de las normas que otorgan las facultades pertinentes del órgano emisor, sin poder perseguir encubiertamente otros fines, públicos o privados, distintos de los que justifican el acto, su causa y objeto. Las medidas que el acto involucre deben ser proporcionalmente adecuadas a aquella finalidad. 

 

En efecto, la finalidad real del afán de la Inspección General de Justicia por conocer la nómina de nuestros asociados no obedece a sus facultades de fiscalización permanentes sobre las entidades sin fines de lucro, sino a la persecución política contra la entidad que representamos y sus asociados, lo que se evidencia a lo largo de todo este expediente. 

 

Lo aquí expuesto amerita que se declare la nulidad de la Resolución apelada, lo que dejamos solicitado. 

 

Por otro lado, para la cesión de datos sensibles, la ley 25.326 establece que sólo podrán cederse cuando existan razones de interés general autorizadas por ley (art. 7º inc. 2 de la ley 25.326), salvo que se hubiera aplicado un procedimiento de disociación de la información, de modo que los titulares de los datos no sean identificables (art. 11 inc. “e”, y art. 28 Ley Nº 25.326).  

 

En nuestro caso, la ley 22.315 de creación de la Inspección General de Justicia, en su texto actualizado, no habilita a ese organismo a acceder a información personal de carácter sensible.  

 

Ello es sólo lógico, por cuanto las facultades de fiscalización permanente de la IGJ se aplican a las personas jurídicas y no a las personas físicas que las integran, como pretende en este caso, exorbitando su competencia. 

 

  1. IV.

 

Artículo 1º. Aplícase a la entidad Instituto Patria: Pensamiento, Acción y Trabajo para la Inclusión Americana, Asociación Civil, la sanción de apercibimiento con publicación de la presente, a cargo del infractor, en uno de los diarios de mayor circulación a nivel nacional, por el plazo de UN (1) día, establecida en el artículo 14 inciso b) de la Ley 22.315 por dificultar el desempeño de las funciones que a esta Inspección General de Justicia le competen, debiendo acreditar su cumplimiento dentro de los DIEZ (10) días de quedar firme la presente. 

 

Para el hipotético y poco probable caso de que V.E. no hiciere lugar a la apelación deducida respecto al artículo 2º de la Resolución en crisis, lo que dejaría sin sustento al fondo de todo este asunto, en forma subsidiaria recurrimos la sanción impuesta. 

 

En primer lugar, como demostración del ánimo persecutorio de la IGJ contra el Instituto Patria, advierta V.E. que nos notificaron en forma errónea y confusa la Providencia DEC Nº 138/2017 e  hicieron caso omiso de nuestras presentaciones del 27 de diciembre de 2017 y del 1º de febrero de 2018, ambas anunciando que apelaríamos la intimación a presentar datos sensibles, y procedieron a sancionarnos directamente.  

 

Ello configura un accionar irregular y abusivo, en exceso de sus atribuciones. 

 

Nuestra representada no merecía sanción alguna porque cumplió en tiempo y forma con las innumerables vistas e intimaciones cursadas por la IGJ, incluso aquélla por la que se nos sanciona.  

 

Nunca incurrió en incumplimiento.  No acompañó el listado de asociados porque la legislación vigente lo prohíbe y la hubiera hecho pasible de sanciones por revelarlo, lo que es materia de esta apelación, que fuera harto anunciada. 

 

Fundar la sanción en que “la entidad ha dejado inconteste lo requerido” es una falacia. 

 

En segundo lugar,  la sanción que se aplicó no guarda correlación con la gradación habitual, tratándose de la primera vez que se penaliza a nuestra representada.  

 

No se optó por la sanción menor, que es el apercibimiento, sino que se aplicó directamente la más gravosa de apercibimiento con publicación, demostrándose una vez más la animosidad  contra el Instituto Patria y que, en este expediente, la verdadera intencionalidad es el desprestigio público de nuestra Institución. 

 

Por todo lo expuesto, solicitamos se deje sin efecto la sanción aplicada. 

 

V.En síntesis: 

 

(1)Los datos que se nos requieren son sensibles, por cuanto revelan la opinión política de los asociados al Instituto Patria. 

 

(2)La IGJ tiene facultades para inspeccionar a las personas jurídicas y no a las personas físicas que las integran. 

 

(3) Las IGJ no tiene facultades legales para requerir datos sensibles.  

 

(4) La IGJ no resguarda debidamente la información y documentación que integra este expediente, la que se filtra (¿o se ventila?)  constantemente a los medios masivos de comunicación. 

 

(5)La presentación de  un simple balance del ejercicio 2016, que hasta fue aprobado por la AFIP, ha sido tomada como excusa para iniciar el raíd persecutorio que se evidencia en este expediente, totalmente tendencioso y cuyo colofón (por ahora) es la pretensión de conocer y, seguramente, revelar, la identidad y demás datos personales sensibles de nuestros asociados,  protegidos legalmente y cuyo requerimiento revela la conducta autoritaria del organismo de control. 

 

Corresponde a V.E. restablecer los derechos que se intenta conculcar mediante el ilegítimo avance de la Inspección General de Justicia, lo que peticionamos. 

 

VI.Prueba: 

 

Se tenga presente la acompañada y, para el caso de desconocimiento, se libre oficio a: 

Diario Clarín, para que informe si la copia acompañada extraída de Internet es auténtica y fue publicada en su portal con fecha 10 de febrero de 2018. 

A América TV para que informe si las copias acompañadas son auténticas y corresponden a capturas de pantalla del programa La Cornisa del día 23 de julio de 2017. 

 

VII.CASO FEDERALMARCO LEGAL Y CONVENCIONAL. 

 

De manera general, se puede decir que la protección a la privacidad es el género y la protección de datos la especie. Y todavía en un sentido más estricto queda la figura de habeas data, la cual se opera como un derecho de acceso a la información personal dentro del régimen de datos personales. 

(Secretaría de Asuntos Jurídicos, Organización de los Estados Americanos (2012).  

Interrelación entre protección a la privacidad, protección de datos y habeas data. (http: //www.oas.org/dil/esp/proteccion_de_datos_privacidad_habeas_ data.htm). 

 

La Constitución Nacional, luego de su reforma en el año 1994, incluyó el artículo 43 que en su párrafo tres contempla el llamado habeas data, de la siguiente forma: 

Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. 

En el ámbito internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en su Artículo 12 establece que:  

 

“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.  

 

.A su vez, la protección de la privacidad se encuentra reconocida expresamente  en tratados regionales. El artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos estipula el derecho a la privacidad en términos similares a los de la Declaración Universal.  

 

En 1965, la Organización de Estados Americanos proclamó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la cual estableció la protección de varios derechos humanos, entre ellos el de privacidad.  

 

Incluso los términos del Convenio de Budapest sobre Cibercriminalidad, incorporado al derecho interno argentino mediante la ley 27441, resulta compatible en líneas generales con las disposiciones de la Ley Nº 25.326. 

 

 

 

 

VIII.PETITORIO 

 

Por todo lo expuesto, a V.E. solicitamos: 

 

(1)Se tenga por presentada la apelación en tiempo y forma. 

(2)Se declare la nulidad de la Resolución en crisis. 

(3)Subsidiariamente, se haga lugar a la apelación, dejando sin efecto la Resolución recurrida. 

(4)Con costas. 

 

PROVEER DE CONFORMIDAD 

SERÁ JUSTICIA 

 

 

 

 

Alma Marquizo SilvaFernando Javier Castiglioni 

           Abogada    Abogado 

CPACF  Tº39 Fº 408       CPACF  Tº51 Fº793